Equipo conjunto de investigación protegerá a comunidades de Barahona y toda la región
La Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Colombia firmaron un acuerdo para crear un equipo conjunto que combatirá el crimen organizado, con impacto directo en la seguridad de las comunidades del Sur.
La firma del acuerdo, realizada en Santo Domingo, establece un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre República Dominicana y Colombia, ajustado a la Convención de Palermo de la ONU. Para la región Sur, esto significa una herramienta clave para desarticular redes que operan en zonas costeras y fronterizas, donde la trata de personas y el tráfico de migrantes representan una amenaza para la seguridad ciudadana y el turismo local.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, rubricaron el documento. Reynoso destacó que este es el segundo ECI que establece el país, tras el firmado con Chile, y que se enfocará en delitos como la explotación sexual y el tráfico de migrantes, flagelos que afectan a comunidades vulnerables del Sur y a la diáspora que transita por la región.
Camargo Garzón resaltó que este es el ECI número 18 de Colombia y subrayó la importancia de perseguir las finanzas criminales, siguiendo la ruta del dinero. 'Eso supone una movilización de dinero que podemos y debemos alcanzar', dijo, refiriéndose a cómo las organizaciones mueven a mujeres desde Colombia hasta República Dominicana, un tránsito que también impacta puntos de entrada en el Sur profundo.
El acuerdo contó con la presencia del embajador Rubén Silié y representantes de la UNODC. Para el Sur, la cooperación internacional es vital: permitirá a las autoridades locales, como la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), actuar con mayor alcance, protegiendo a las familias y fortaleciendo la seguridad en municipios como Barahona, Pedernales y Enriquillo, donde el turismo sostenible y la tranquilidad son prioridad.
