Nacional

Caso Senasa: la lucha contra la corrupción sigue en el aire para Barahona y el Sur

Tribunal extiende investigación 4 meses; la región Sur espera justicia por fondos perdidos.

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó este jueves al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses para presentar acusación en el caso Senasa, una decisión que impacta directamente a los sureños que dependen de los servicios de salud pública.

Barahona y toda la región Sur, donde el Seguro Nacional de Salud (Senasa) es vital para miles de familias, siguen a la espera de que se esclarezca el presunto desfalco de más de 15,000 millones de pesos, cifra que podría superar los 19,000 millones. El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió este 4 de septiembre de 2026 extender el plazo de investigación, que vencía el 11 de agosto, hasta diciembre próximo.

La prórroga, amparada en la declaratoria de complejidad del caso y en el Código Procesal Penal, permite al órgano acusador culminar las pesquisas antes de presentar la acusación formal. Para los habitantes de comunidades como Barahona, Enriquillo o Pedernales, esta dilación significa que la posible recuperación de los fondos, que debían destinarse a hospitales, medicamentos y atención primaria, sigue en vilo.

En la audiencia, la defensa del exdirector de Senasa, Santiago Hazim, solicitó la variación de la prisión carcelaria por prisión domiciliaria, petición que el tribunal aún no ha resuelto. Mientras tanto, el caso sigue su curso contra los demás imputados, entre ellos Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones, quienes enfrentan acusaciones de coalición de funcionarios, estafa contra el Estado y lavado de activos, entre otros delitos.

La región Sur, que históricamente ha sufrido por la falta de inversión en salud, observa con atención este proceso. Cada peso defraudado, según denuncias comunitarias, equivale a menos camas en los hospitales públicos y menos recursos para los programas de prevención. La decisión del tribunal, aunque técnica, tiene un profundo significado para la transparencia y la justicia en el país.

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