Proceso contra hermanos Espaillat se reinicia tras cambio de calificación jurídica
El proceso judicial por el desplome de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, será conocido por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez. El cambio se produce tras la modificación de la calificación jurídica de homicidio involuntario a homicidio voluntario mediante dolo eventual.
El pasado 16 de octubre de 2026, el magistrado Franny González acogió la solicitud de varias partes querellantes y actores civiles para variar la calificación jurídica de los hechos, de homicidio involuntario a homicidio voluntario mediante dolo eventual, en el caso seguido contra los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set la madrugada del 8 de abril de 2025, durante la presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció.
La nueva calificación excedía la competencia material del tribunal, por lo que el expediente fue remitido al Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez, que tendrá a su cargo el juicio de fondo. Como consecuencia, el proceso deberá comenzar nuevamente ante los jueces designados para conocer el caso.
El Ministerio Público examinó las condiciones estructurales del inmueble y las actuaciones de sus responsables. Los informes técnicos y la acusación fiscal señalan una presunta sobrecarga de la estructura del techo, asociada a equipos de climatización y depósitos de agua, así como advertencias sobre el deterioro de la edificación que, según la acusación, no habrían recibido la atención necesaria.
En noviembre de 2025, el Ministerio Público formalizó la acusación contra los hermanos Espaillat y solicitó la apertura a juicio, atribuyéndoles presunta responsabilidad por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias. El juez Franny González fundamentó su decisión del 16 de octubre de 2026 en la valoración de las pruebas presentadas hasta ese momento, al considerar que existían elementos para examinar si los imputados conocían los riesgos asociados al deterioro de la estructura y, aun así, habrían permitido que continuaran las operaciones de uno de los centros de diversión más populares del país.
