Cifras nacionales reflejan patrón que impacta la seguridad y la confianza en el Sur
En los primeros ocho meses de 2026, la Policía Nacional reporta 156 fallecidos en intervenciones, una realidad que también toca a las comunidades del Sur, donde la percepción de seguridad y el trato policial son temas sensibles.
Las estadísticas oficiales, que contabilizan 156 muertes a manos de agentes hasta el 21 de agosto, encienden las alarmas en la región Sur, donde la ciudadanía sigue de cerca el accionar de los cuerpos de seguridad. Aunque la cifra es 13 casos menor que el mismo período de 2025, el promedio de casi cinco muertes por semana mantiene en vilo a las comunidades que exigen transparencia en los operativos.
El desglose mensual revela que mayo fue el mes más letal con 35 fallecidos, seguido de abril (25) y junio (24). Para Barahona y el Sur, estos números no son lejanos: cada intervención policial, incluso en otras regiones, afecta la percepción de seguridad y la relación entre la población y las autoridades, un vínculo que en el Sur ha sido históricamente delicado.
Un cambio en la clasificación del informe de criminalidad a partir de julio ha generado confusión, ya que los casos de 'Acción legal' se agruparon con otros en investigación. Esto impide saber con precisión cuántos abatidos corresponden a acciones policiales, lo que dificulta que las comunidades del Sur puedan evaluar el comportamiento de la institución en sus territorios.
Entre los casos emblemáticos, destaca el de Yoel Antonio Rodríguez, de 29 años, abatido en Jánico, Santiago, y el de Nathanael Elena Matos, en Santo Domingo Este. Aunque no ocurrieron en el Sur, la falta de detalles claros en estos incidentes alimenta la demanda de protocolos más estrictos y rendición de cuentas, un clamor que resuena con fuerza en las provincias sureñas.
La nueva jefatura policial, asumida por Ernesto Rafael Rodríguez García el 17 de agosto, enfrenta el reto de garantizar que las intervenciones en todo el país, incluido el Sur, se ajusten a la ley y al respeto de los derechos humanos. Las organizaciones comunitarias de Barahona esperan que esta gestión priorice la prevención y el diálogo, en lugar de repetir patrones que han marcado la región.
