Abusos policiales en la capital alertan a comunidades del Sur que exigen protección
Las denuncias de maltrato policial en Villas Agrícolas, Distrito Nacional, encienden las alarmas en Barahona y el Sur, donde los ciudadanos temen que estos patrones se repitan en sus comunidades.
Los residentes de Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, denunciaron que agentes de la Policía Nacional cometen abusos durante los patrullajes del programa de 'Intervención Integral por la Seguridad Ciudadana', una situación que preocupa a líderes comunitarios del Sur, quienes ven en estos hechos un reflejo de los desafíos que enfrentan los barrios de la región en materia de seguridad y derechos ciudadanos.
Leocadia Feliz, vendedora de frituras con más de 30 años en la calle Diagonal II, explicó que los agentes 'se le tiran a los muchachos que son de trabajo' y los detienen sin justificación. Jenniffer Almonte, moradora de la calle 34, agregó que las requisas terminan en liberaciones solo si los detenidos pagan dinero, una práctica que, de confirmarse, viola los derechos fundamentales y golpea la confianza en las autoridades, un tema sensible para las comunidades del Sur que dependen de la seguridad para su desarrollo turístico y económico.
La ministra de Interior y Policía, Maride Raful, informó que 25 agentes operan en Villas Agrícolas y que el sector será uno de los 20 donde se implementará el Modelo de Servicio y Patrullaje Policial (MSPP) antes de diciembre. Para Barahona y la región Sur, esta noticia subraya la necesidad de exigir que los programas de seguridad lleguen con protocolos claros que eviten el abuso de autoridad, especialmente en zonas donde el turismo y la inversión local requieren de un ambiente de paz y respeto.
Mientras tanto, la delincuencia persiste en Villas Agrícolas, según Arienny Nivar, Alexander Soto y Miriam de la Cruz, quienes llevan más de dos décadas en el sector. Soto pidió que las autoridades 'se pongan para la delincuencia y no para los negocios', mientras que De la Cruz denunció que 'la delincuencia está igual o peor'. Estas voces resuenan en el Sur, donde los ciudadanos esperan que las políticas de seguridad no se limiten a la capital, sino que lleguen con eficacia y respeto a sus comunidades.
La intervención también ha incluido operativos antirruido, con 34 locales intervenidos por la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) y el Departamento Antirruidos. Aunque los comunitarios reconocen que las autoridades han cumplido en ese aspecto, en el Sur se hace un llamado a que la seguridad ciudadana no se convierta en excusa para el maltrato, sino en una herramienta para proteger a todos los dominicanos, sin importar su lugar de residencia.
