Decisión afecta a imputados con vínculos en el Sur y a la confianza en la justicia
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional anunció que el 14 de septiembre a las 9:00 a.m. decidirá si declara la extinción de la acción penal en el caso Calamar por vencimiento del plazo, una decisión que impacta a imputados con conexiones en la región Sur y a la percepción de justicia en comunidades como Barahona.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por Arlín Ventura e integrado por Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, fijó para el 14 de septiembre la decisión sobre la extinción de la acción penal en el caso Calamar. La audiencia, donde se escucharon los argumentos de la defensa y el Ministerio Público, dejó en manos de la justicia un proceso que podría sentar precedentes para otros casos de corrupción que afectan a la región Sur.
Los abogados de varios procesados, entre ellos Ángel Lockward, Claudio Silver Peña, Juan Tomás Polanco Céspedes, Agustín Mejía Ávila, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Santiago Moquete Ortiz, solicitaron la extinción al considerar que el proceso supera el plazo máximo de cuatro años establecido por la ley. En particular, la defensa de Lockward, a cargo de Carlos Escalante y Nolberto Rondón, señaló que las medidas de inmovilización de fondos impuestas desde febrero de 2022 acumulan más de cuatro años y ocho meses, sin resolución definitiva.
Para la región Sur, esta decisión es clave porque muchos de estos casos de corrupción involucran fondos que podrían destinarse a obras y servicios en comunidades como Barahona. La dilación judicial no solo afecta a los imputados, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos en que se haga justicia y se recuperen recursos públicos que necesitan las provincias del Sur.
Por otro lado, Mirna Ortiz, titular de la Pepca, acompañada de Wilson Camacho, pidió rechazar las solicitudes de extinción, argumentando que el plazo no puede aplicarse automáticamente y que deben evaluarse las particularidades de cada expediente. Citó jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, que exigen motivar las dilaciones antes de cerrar un caso.
La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, también interpuso un recurso de apelación para que se declare la extinción en su caso, según informó su abogada María del Pilar Zuleta. Mientras tanto, la región Sur espera que el fallo del 14 de septiembre no solo resuelva el caso Calamar, sino que envíe una señal clara de que la justicia no se detiene ante los poderosos.
