TSA confirma medida cautelar de la DGCP; empresario cuestiona al director por falta de informe
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ratificó la suspensión del registro de proveedores del Estado a Inversiones Qtek S.R.L. y Mediterráneo Investments Group, impuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). La medida se mantiene hasta que concluyan las investigaciones del Ministerio Público.
Mediante la sentencia número 0030-01-2026-SSMC-00002, el TSA rechazó en cuanto al fondo la solicitud de medida cautelar anticipada presentada por ambas empresas y confirmó la validez de la suspensión preventiva de sus registros. La DGCP había suspendido las operaciones de manera administrativa a principios de año por violación a la Ley 340-06.
El tribunal estableció que la suspensión no compromete el interés general de las empresas, el cual prevalece sobre el interés patrimonial de la parte impetrante, ya que en ningún caso puede situarse por encima del interés público protegido por la normativa vigente. La DGCP calificó el fallo como un precedente que prioriza la transparencia estatal.
El empresario Munir Manuel Kury Hazoury, en representación de ambas empresas, cuestionó públicamente al director de la DGCP, Carlos Pimentel, acusándolo de mantener una posición contradictoria entre su discurso sobre el debido proceso y las actuaciones de la institución. Kury Hazoury afirmó que desde el 21 de noviembre de 2025 solicitó acceso a un informe elaborado por la institución bajo la autoría de Pimentel, el cual no pudo responder.
La suspensión fue ordenada y ejecutada por la DGCP en noviembre de 2025 a solicitud del Ministerio Público, que mantiene una investigación penal abierta vinculada a estas sociedades. El magistrado Diómedes Y. Villalona G., juez presidente del TSA, dictaminó que la parte demandante no demostró la 'apariencia de buen derecho' necesaria para suspender el acto administrativo. El fallo aclara que la suspensión es una inhabilitación temporal para adjudicaciones futuras, pero no afecta la ejecución ni el pago de los contratos previamente adjudicados.
