La marcha, inusual cerca del palacio presidencial, reclama encarcelaciones prometidas
Un centenar de familiares de presos políticos venezolanos entregó este viernes una carta en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, para exigir a la mandataria interina Delcy Rodríguez el cumplimiento de las liberaciones prometidas. La protesta ocurre días antes de la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno interino y un sector de la oposición.
La manifestación, que llegó hasta una enorme barricada policial que impidió el acceso al palacio de Miraflores, representa una concesión inusual para los disidentes en Venezuela, donde durante años el chavismo gobernante reprimió e impidió las protestas en el centro de Caracas y más aún cerca de la sede presidencial. Dos representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) fueron atendidas por una delegación del despacho de la presidencia que recibió el documento.
Margareth Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel —exministro de la Defensa de Hugo Chávez, fallecido en prisión en 2021—, explicó que intentaban hacer "entrega de un documento a la presidenta encargada, sobre todo porque hasta ella misma ha hecho anuncios de liberaciones que no se han cumplido". "Esto solo denota que ellos utilizan estos anuncios con efectos propagandísticos para hacer ver a nivel internacional que están respetando nuestros derechos", protestó. Su hermano Josnars Baduel cumple una condena de 30 años, acusado de traición a la patria y terrorismo.
Los manifestantes corearon consignas como "¡Delcy, si vas a dialogar, empieza por liberar!" y "¡Delcy no más demora, la libertad es ahora!". La presidenta se encuentra en una visita oficial en Surinam. La marcha ocurre pocos días antes de la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno interino y un sector de la oposición con miras a una transición democrática.
En el marco de la primera ronda, el gobierno prometió la encarcelación de 131 presos, pero oenegés solo pudieron confirmar poco más de 80 liberaciones. Delcy Rodríguez asumió el poder en enero tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos. Bajo presión de Washington, impulsó una ley de amnistía que, asegura, ha permitido la encarcelación de 1.046 presos políticos. Sin embargo, la ONG Foro Penal contabiliza más de 300 personas aún detenidas.
