La medida cautelar busca evitar que las empresas sirvan de fachada en contrataciones públicas
La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió de oficio y con carácter cautelar del Registro de Proveedores del Estado a cuatro personas jurídicas, tras detectar vínculos societarios con otros proveedores suspendidos por investigaciones del Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública. La decisión, adoptada mediante procesos de verificación e interoperabilidad, no constituye una sanción ni una declaratoria de culpabilidad penal.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la suspensión de oficio y con carácter cautelar del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro personas jurídicas: Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL; y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK, 1000, SRL.
La medida fue adoptada tras detectarse vínculos societarios, de accionistas o directivos con otros proveedores cuyos registros se encuentran suspendidos debido a investigaciones del Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública.
El órgano rector sustentó la decisión en procesos de verificación, interoperabilidad y cruce de información. El objetivo es prevenir el riesgo de que dichas sociedades funcionen como mecanismos de actuación indirecta para mantener la participación económica en contrataciones públicas de personas vinculadas a expedientes de corrupción administrativa.
La DGCP precisó que la resolución no constituye una sanción ni una declaratoria de culpabilidad penal. La suspensión temporal se mantendrá vigente hasta que el Ministerio Público concluya las investigaciones o hasta que cesen las circunstancias que motivaron el vínculo. Contra esta decisión, los afectados podrán interponer un recurso de reconsideración ante la DGCP o acudir al Tribunal Superior Administrativo en un plazo de treinta días.
