Justicia dicta medida de coerción por feminicidio en el Distrito Nacional; autoridades piden a denunciar violencia
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva contra Wirme Manuel Geraldo por la agresión que provocó la muerte de Yanely Yohanna Soto, atacada en su lugar de trabajo en el sector San Carlos. El caso, calificado provisionalmente como violación al artículo 93 del nuevo Código Penal, envía un mensaje de que la violencia de género se persigue.
Alrededor de las 8:00 de la noche del pasado 6 de septiembre, Yanely Yohanna Soto fue atacada por su pareja mientras se encontraba en su lugar de trabajo, en el sector San Carlos, del Distrito Nacional, según el Ministerio Público. De acuerdo con el expediente, el imputado, Wirme Manuel Geraldo, esperó a que Yanely concluyera su jornada laboral en una banca de lotería y posteriormente la agredió con un objeto contuso antes de emprender la huida, dejándola gravemente herida dentro del establecimiento.
Las investigaciones indican que, al día siguiente, una compañera de trabajo de la víctima acudió al establecimiento tras percatarse de que esta no había realizado los reportes habituales en el sistema. El órgano persecutor señaló, mediante una nota de prensa, que cuando la compañera de trabajo de Yanely ingresó al negocio, la encontró tirada en el suelo y ensangrentada, por lo que alertó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Como consecuencia de las lesiones sufridas, Yanely falleció el pasado sábado 12 de septiembre. Un día después, el imputado fue arrestado. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional informó este martes que impuso prisión preventiva, como medida de coerción, contra Wirme Manuel Geraldo.
El órgano persecutor otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación del artículo 93 del nuevo Código Penal Dominicano (Ley núm. 74-25) y solicitó la imposición de prisión preventiva, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que vinculan al imputado con los hechos investigados y que existe riesgo de fuga. Las autoridades reiteran el llamado a denunciar cualquier signo de violencia intrafamiliar para prevenir desenlaces fatales.
