Lectores deben conocer fallo que podría enviar a prisión a exjefes de seguridad y empresas
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional definirá este lunes si condena a prisión de entre cinco y 20 años a un grupo de generales, coroneles y civiles por presunta estafa millonaria contra el Estado. La decisión impacta la transparencia en el uso de fondos públicos y sienta precedente para casos de corrupción.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes, decidirá este lunes si emite condena contra un grupo de generales, coroneles y civiles procesados por presunta estafa millonaria al Estado. El Ministerio Público solicita 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
La solicitud de condena también alcanza al general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), al coronel Rafael Núñez de Aza y al general Rafael Camilo de los Santos Viola. Las penas solicitadas van desde cinco hasta 20 años de prisión, además de multas que alcanzan cientos de salarios mínimos, en función del grado de participación de cada imputado.
Al finalizar el juicio de fondo, Cáceres, principal implicado en la supuesta red, tomó la palabra y aseguró que no se pudo demostrar que se asociara con otras personas para dilapidar el erario público. "Las pruebas no han podido sustentar estas acusaciones", enfatizó el militar. El Ministerio Público presentó más de 3,500 pruebas, incluyendo documentos, peritajes, testigos y presuntas evidencias materiales, en un expediente que supera las 3,200 páginas.
Según la acusación, los procesados habrían sustraído más de RD$4,500 millones a través de operaciones fraudulentas en instituciones como el Cusep, el Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). Se destaca que algunos acusados han colaborado con el proceso judicial, especialmente el mayor del Ejército de República Dominicana (ERD), Raúl Alejandro Girón, quien pasó de imputado a testigo estrella de la Fiscalía. Los fiscales pidieron la disolución de varias empresas vinculadas al caso, el decomiso de bienes incautados y sanciones económicas millonarias.
