
DESFACHATEZ EN EL SERVICIO EXTERIOR: UN LLAMADO A LA ÉTICA Y A LA INSTITUCIONALIDAD EN EL PRM.
DESFACHATEZ EN EL SERVICIO EXTERIOR: UN LLAMADO A LA ÉTICA Y A LA INSTITUCIONALI
CUANDO EL PODER SE CONFUNDE CON PRIVILEGIO Y LA RESPONSABILIDAD PÚBLICA QUEDA EN SEGUNDO PLANO.

República Dominicana.–
En toda democracia moderna, el ejercicio de una función pública debe estar sustentado en la responsabilidad, la transparencia y el respeto a las instituciones.
Sin embargo, en ocasiones surgen situaciones que generan preocupación en la opinión pública y que obligan a levantar la voz para exigir coherencia entre el discurso político y la práctica administrativa.
En los últimos días han surgido fuertes cuestionamientos sobre la conducta del cónsul de los Países Bajos, JOSÉ DANIEL POLANCO, cuya trayectoria en el servicio exterior ha sido objeto de críticas y comentarios dentro de distintos sectores políticos y diplomáticos.
Diversas voces señalan que, durante su período como cónsul en Bélgica, su presencia en funciones habría sido prácticamente inexistente, pese a continuar percibiendo los beneficios del cargo. De igual manera, se ha mencionado que durante su designación en Suiza, el entonces cónsul DELANO MARTE habría enviado varios oficios señalando la ausencia reiterada del funcionario, sin que aparentemente se produjeran consecuencias administrativas.
Estas situaciones generan indignación cuando se comparan con otros casos dentro del servicio exterior, donde auxiliares y vicecónsules han sido cancelados por ausencias mucho menores. Esa diferencia de trato alimenta la percepción de que existe un sistema desigual, donde algunos funcionarios parecen estar protegidos por conexiones políticas o cercanía con figuras influyentes.
En este contexto, también se mencionan supuestas relaciones cercanas con el canciller ROBERTO ÁLVAREZ, así como vínculos con RITA ABINADER, EILYN BELTRÁN y OMAR DÍAZ, lo que para muchos explicaría la falta de consecuencias ante los señalamientos.
Más allá de nombres o posiciones, el fondo del problema es institucional.
El servicio exterior de la República Dominicana no puede convertirse en un espacio de privilegios personales ni de protección política. Cada funcionario debe responder a los principios básicos de disciplina, presencia laboral y compromiso con el país.
Por esta razón, se hace un llamado respetuoso pero firme al Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización que hoy dirige los destinos del gobierno, para que fortalezca los mecanismos de supervisión y garantice que todos sus representantes actúen bajo los mismos estándares de responsabilidad.
El PRM llegó al poder con la promesa de instaurar una nueva forma de gobernar basada en la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra los privilegios indebidos. Esa promesa debe mantenerse viva no solo en los discursos, sino también en las decisiones administrativas y disciplinarias.
La militancia, los simpatizantes y el pueblo dominicano esperan coherencia. No puede haber funcionarios intocables mientras otros son sancionados por faltas menores. La justicia administrativa debe ser igual para todos.
Porque al final, los cargos públicos no son premios ni refugios políticos; son responsabilidades que se ejercen en nombre del país.
Y quienes hoy disfrutan del poder deben recordar una verdad simple de la política y de la historia: el poder es pasajero, pero las instituciones deben permanecer firmes y respetadas para siempre.
CONCLUSIÓN
La República Dominicana no puede permitir que el servicio exterior se convierta en un espacio de privilegios personales, ausencias injustificadas o silencios administrativos que terminan debilitando la credibilidad del Estado. Cada cargo público debe ejercerse con responsabilidad, presencia y compromiso con la nación.
Cuando un funcionario utiliza su posición sin cumplir con su deber, no solo afecta la imagen de una institución, sino que también golpea la confianza del pueblo en el sistema democrático. Ese tipo de prácticas alimenta lo que muchos ciudadanos ya denuncian como una peligrosa forma de depredación estatal, donde los recursos públicos y las posiciones oficiales son utilizados como beneficios personales en lugar de instrumentos de servicio al país.



