Una docena de expertos y distintos grupos de trabajo en derechos humanos de la ONU pidieron este jueves a las autoridades de Venezuela que eliminen las restricciones que dificultan la labor de las organizaciones de la sociedad civil , a las que consideran un actor "indispensable" en la respuesta a los terremotos del pasado 24 de junio y en la atención a las comunidades afectadas.
Expertos de la ONU piden que se anulen restricciones a oenegés tras sismos en Ve
Los expertos señalaron que organizaciones de derechos humanos , redes vecinales, asociaciones comunitarias y entidades internacionales están participando a la par en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de fallecidos , la asistencia directa a las víctimas y la distribución de medicamentos y suministros esenciales.
"Ante la magnitud de la tragedia, la sociedad civil ha asumido un papel indispensable y deberá ser considerada plenamente en las siguientes fases de la respuesta ", dijeron los expertos , que reclamaron que esta labor sea reconocida por las autoridades venezolanas y la comunidad internacional.
Mencionaron como uno de los aspectos que genera más preocupación la aplicación de la Ley de Fiscalización , Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, que obliga a las entidades a realizar trámites de inscripción o reinscripción en un registro estatal.
Según los expertos , estos procedimientos se han convertido en un obstáculo para muchas organizaciones debido al " silencio administrativo " de las autoridades, lo que puede poner en riesgo su funcionamiento y congelar de forma arbitraria su personalidad jurídica.
También señalaron que las normas establecidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela ( Sudeban ) someten a las oenegés a una supervisión considerada excesiva respecto a otros actores, además de dificultar la recepción y gestión de recursos, incluidos los procedentes de organizaciones internacionales.
Los expertos pidieron a Venezuela facilitar las transferencias de efectivo a personas damnificadas y que las fuerzas de seguridad protejan las iniciativas ciudadanas de ayuda y los centros de acopio , lo que serían acciones habituales en cualquier otra situación de crisis humanitaria.
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