Tribunal impone pena máxima y ordena indemnización de 5 millones a la madre
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de cárcel a Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina por la tortura y homicidio de una niña de siete años, ocurrido el 16 de agosto de 2025 en Los Guandules.
La justicia dominicana dictó sentencia este martes en el caso de una niña de siete años que fue víctima de maltrato reiterado y tortura por parte de la pareja de esposos que la tenía bajo su cuidado. El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional encontró culpables a Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina de tortura, barbarie, maltrato infantil y homicidio, imponiéndoles 30 años de prisión.
Los condenados deberán cumplir la pena en los centros de corrección y rehabilitación (CCR) de Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en San Cristóbal. Además, el tribunal ordenó el pago de una indemnización de cinco millones de pesos a favor de la madre de la víctima, constituida en parte civil.
La fiscal litigante Yelianny Polanco, adscrita al Departamento de Litigación Final del Distrito Nacional, presentó las pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales que demostraron la responsabilidad penal de los procesados. El Ministerio Público sustentó su solicitud de pena máxima en los maltratos reiterados que sufrió la niña y en las pruebas que evidenciaron un patrón de maltrato prolongado, no un episodio aislado.
De acuerdo con la investigación de la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona, la niña estaba bajo el cuidado de los procesados, quienes tenían el deber de garantizar su protección. El expediente establece que durante julio y agosto de 2025, Coronado de la Cruz incurrió en actos de maltrato, mientras que Montero Medina, teniendo conocimiento, no lo denunció. El 16 de agosto de 2025, alrededor de las 6:30 de la tarde, la mujer solicitó la presencia de familiares en su residencia en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, Los Guandules, porque la niña presentaba convulsiones; al llegar, llamaron al 9-1-1. Una médico forense del Inacif certificó el fallecimiento y documentó los hallazgos del maltrato reiterado.
