Malestar en el sector de investigación de mercados
La Asociación Dominicana de Empresas de Investigación de Mercado y Opinión Pública (Adeimo) manifestó su firme rechazo al reglamento aprobado por la Junta Central Electoral que veta la difusión de sondeos electorales fuera del calendario oficial de precampaña. La entidad considera que la medida lesiona libertades ciudadanas esenciales.
Aunque Adeimo reconoce la facultad constitucional del órgano electoral para velar por la equidad de los procesos, sostiene que la prohibición excede el terreno técnico y colisiona con el derecho a la información, la libre expresión y la circulación de contenidos de interés público. A su juicio, el reglamento equipara erróneamente las encuestas con herramientas de marketing electoral.
Instrumentos científicos, no propaganda
La asociación defendió que los estudios de opinión constituyen instrumentos científicos de medición social que reflejan el sentir ciudadano sobre temas de relevancia colectiva. Regularlos con los mismos criterios que la propaganda política desvirtúa su naturaleza y cercena su función democrática de orientar tanto a la población como a los responsables de políticas públicas.
Adeimo advirtió además que la norma no distingue entre investigaciones rigurosas y sondeos deficientes, por lo que su efecto práctico será restringir el acceso ciudadano a información relevante durante una porción significativa del ciclo político. Esto generaría, según la organización, una asimetría inaceptable: los actores políticos seguirían consumiendo estudios privados mientras la población quedaría excluida de esos datos.
Conflicto con la legislación vigente
La agrupación recordó que la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral permite expresamente la publicación de encuestas hasta ocho días antes de los comicios, y que fuera de ese plazo la difusión es libre. Un reglamento —instrumento de jerarquía inferior— no puede ampliar restricciones que la ley no contempla ni sustituir la voluntad del legislador.
Adeimo hizo un llamado al diálogo con la JCE para construir un marco regulatorio que eleve la transparencia metodológica y combata los estudios fraudulentos, pero sin menoscabar las libertades fundamentales que apuntalan la democracia dominicana.
