Ley 25-26 elimina demoras y prioriza la búsqueda inmediata de personas desaparecidas
La Ley 25-26 crea el Sistema Nacional de Alertas para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, conocido como Alertas RD, una herramienta que transforma la desaparición en una prioridad inmediata para las autoridades y elimina el plazo de 72 horas que retrasaba las labores de búsqueda.
La desaparición de una persona es uno de los eventos más traumáticos para una familia y un desafío para la seguridad pública. La incertidumbre genera angustia y vulnerabilidad, y en la investigación criminal cada minuto cuenta: las primeras horas suelen ser determinantes para preservar la vida, localizar a la persona y esclarecer los hechos. Bajo esa realidad surge la Ley 25-26, que crea el Sistema Nacional de Alertas RD.
La legislación es uno de los avances más importantes de la política criminal en prevención, protección de derechos humanos e investigación. Su principal innovación es transformar la desaparición en una prioridad inmediata para los operadores de seguridad, eliminando prácticas que podían retrasar el inicio de la búsqueda hasta 72 horas.
Históricamente, la búsqueda de desaparecidos no es una función nueva. Desde la década de 1950, estos casos eran asumidos por las unidades de homicidios de la Policía Nacional, bajo la premisa de que toda desaparición podía estar relacionada con delitos contra la vida o la integridad física. La evolución institucional permitió desarrollar protocolos especializados para abordar estos casos con mayor efectividad.
Consultas en fuentes abiertas, medios y registros periodísticos reflejan que entre 2022 y los primeros meses de 2026 se reportaron aproximadamente 3,300 denuncias de personas desaparecidas. Los casos más frecuentes corresponden a adolescentes ausentes voluntariamente por conflictos familiares, relaciones sentimentales o situaciones de su entorno social. También hay reportes de adultos mayores y personas con condiciones de salud mental o vulnerabilidad. La mayoría fueron localizadas con vida; otros casos estuvieron asociados a accidentes de tránsito o hechos violentos, y solo una minoría presentó vínculos con actividades criminales o conflictos en entornos delictivos.
