Denuncian daños en manglares de Azua y proponen frenar a grandes capitales
Ambientalistas y expertos consultados por pidieron al Gobierno aplicar el decreto 615-26 contra el terrorismo ambiental, pero empezando por las propias autoridades, que han permitido destrucción en refugios como Puerto Viejo, en Azua, y otras áreas del Sur.
Miembros de la Comisión de Medio Ambiente de la Academia de Ciencias y activistas como Enrique de León consideran que el decreto 615-26 del presidente Luis Abinader debe aplicarse de manera escalonada, pero con el Estado como primer responsable. Según denuncian, la explotación minera, la extracción de arena de ríos y la facilitación de espacios en áreas protegidas para inversiones privadas alteran los ecosistemas del Sur y de todo el país.
Enrique de León, del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, afirmó que 'el gran peligro que corren los parques y las áreas protegidas proviene del gran capital, que incluso tiene el respaldo del Gobierno y del Ministerio de Medio Ambiente'. Por eso, llamó al presidente a ser consecuente y a no perseguir solo a campesinos pobres que entran furtivamente a los parques, sino a quienes tienen poder e influencia.
El activista señaló al Refugio de Vida Silvestre Manglares Puerto Viejo, en la bahía de Puerto Viejo, provincia de Azua, como una de las zonas más afectadas. Allí, denunció, operan barcazas generadoras de electricidad que han provocado la mortandad de peces y otras especies marinas, además de causar enfermedades en la población. Esta situación golpea directamente a las comunidades costeras del Sur que dependen de la pesca y del turismo.
También mencionó el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, en Monte Cristi, donde se destruyeron más de medio millón de metros cuadrados de bosque seco para construir dos superplantas de gas natural de 860 megavatios, a menos de 59 metros del corazón del parque. Aunque esa zona está en el Cibao, el impacto ambiental afecta a todo el país, y los ambientalistas del Sur piden que se frene este modelo de desarrollo destructivo.
Adolfo José López Belando, de la Academia de Ciencias, aprueba el decreto pero pide más medidas: asignar fondos y medios al Ministerio de Medio Ambiente para un control efectivo, y apoyar al Viceministerio de Áreas Protegidas para resistir las presiones de políticos, militares y empresarios que buscan violar la integridad de los parques. Para el Sur, la protección de estos ecosistemas es vital para el futuro de la región.
