El caso reabre el debate sobre los límites entre convicciones parentales y protección estatal de menores
La Policía de Hong Kong detuvo este martes a una pareja por presunta negligencia infantil tras negarse a someter a su bebé de dos meses a una prueba de ADN exigida para inscribirlo. El menor, sin partida de nacimiento, no puede acceder a sanidad, educación o prestaciones sociales.
El bebé, conocido como Danny, nació en el domicilio familiar y sigue sin partida de nacimiento después de que venciera el plazo legal de 42 días para registrarlo. Las autoridades hongkonesas intervinieron tras cinco días de intentos fallidos por contactar con la familia y, tras recibir un correo electrónico de los progenitores el lunes, procedieron a su arresto y trasladaron al hijo a un hospital para evaluar su estado de salud.
El conflicto surgió cuando la pareja intentó registrar a Danny y, ante la ausencia total de historiales médicos, controles prenatales o fotografías del embarazo, el Departamento de Inmigración exigió una prueba genética para confirmar la paternidad. Tsang Wai-bong, de 43 años y supuesto padre del menor, se negó alegando motivos de privacidad y convicciones religiosas, argumentando que la exigencia del Gobierno vulnera los principios de minimización de datos personales.
El secretario de Seguridad, Chris Tang, desestimó estos argumentos y subrayó que el único propósito del test es demostrar el vínculo biológico, advirtiendo de que la negativa agrava las sospechas ante la incapacidad materna para aportar la más mínima prueba de gestación. La situación se suma al historial previo de la pareja en Europa: su hija Lily nació en Finlandia en 2021 sin registro oficial y permanece bajo tutela de los servicios sociales en Suecia, mientras que otro bebé nacido en ese país en 2019 murió con apenas un mes de vida tras otro parto domiciliario.
Este arresto expone las lagunas legales existentes en la ciudad semiautónoma frente a los partos caseros y aviva la controversia sobre el amparo de menores frente a decisiones de sus tutores, dejando a un recién nacido sin acceso a derechos básicos. El caso plantea interrogantes universales sobre hasta dónde pueden llegar las convicciones personales cuando están en juego los derechos fundamentales de un menor.
