Reclamo | Directivos de la empresa afirmaron que la situación ha provocado la paralización de sus operaciones Empresa BG Investment Group, dedicada al reciclaje y clasificación de textiles usados.
Fuente Externa OVIEDO, PEDERNALES.
— La empresa BG Investment Group, dedicada al reciclaje y clasificación de textiles usados desde el año 2008, denunció un presunto trato desigual y discriminatorio por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Según los directivos, esta situación ha provocado la paralización de sus operaciones, poniendo en peligro la estabilidad laboral de 85 colaboradores directos y más de 250 indirectos en el municipio de Oviedo.
La compañía, que dice es única en su especie en toda la demarcación, opera formalmente bajo el régimen de desarrollo fronterizo amparada en la clasificación número 127-184-08, un certificado legal que se mantiene vigente hasta el año 2028.
Señala que durante su trayectoria, BG Investment Group ha aportado más de RD$48 millones en impuestos aduanales.
Nacionales No obstante, la empresa destaca que las verificaciones físicas y documentales realizadas por las autoridades no han determinado ningún tipo de contrabando ni irregularidades.
Sostiene que a pesar de ello, DGA mantiene retenidos nueve contenedores y ha implementado modificaciones unilaterales en la valoración de las mercancías, careciendo de una justificación técnica que sustente los nuevos criterios aplicados.
Manifestó que ante esa situación, de impacto económico, la compañía se vio en la necesidad de llevar el conflicto ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad.
BG alega la vulneración de derechos fundamentales consagrados en las leyes, como la igualdad ante la ley, el debido proceso, la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el respeto al marco legal que rige el desarrollo fronterizo.
Enfatizó que la institución no busca ningún tipo de privilegio ni pretende evadir sus responsabilidades fiscales.
Agregó que su único reclamo es que se respeten las condiciones legítimas de su certificación, que se emitan resoluciones administrativas debidamente motivadas y se le permita continuar operando de manera regular mientras se define la controversia legal.
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