EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) reiteró este jueves que la propuesta de modernización de la Ley Minera debe incluir mecanismos de gobernanza y supervisión para el manejo del 5 % de los beneficios netos destinados a los municipios donde operan proyectos extractivos.
La entidad sostuvo que la iniciativa busca establecer reglas claras para la administración, fiscalización y ejecución de esos recursos, con el objetivo de que sean dirigidos a obras de impacto en las comunidades mineras.
“El 5 % ya existe como principio de compensación territorial.
Lo que necesitamos ahora es que la ley establezca una gobernanza clara para que esos recursos no se diluyan, sino que lleguen a obras prioritarias, auditables y verificables por las comunidades”, expresó Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe.
Según explicó la organización, la propuesta contempla planificación municipal, participación comunitaria, auditorías independientes, publicación periódica de resultados y mecanismos de vigilancia ciudadana para supervisar el uso de los fondos.
Recibe en tu correo las noticias más importantes del día Camipe indicó que la intención es evitar que esos recursos sean absorbidos por gastos corrientes o decisiones discrecionales y que en cambio, se orienten a proyectos de infraestructura y desarrollo local.
Entre las áreas priorizadas figuran obras de agua potable y saneamiento, reparación de caminos vecinales y carreteras secundarias, fortalecimiento de centros de salud y escuelas, formación técnico-profesional, infraestructura productiva y proyectos ambientales relacionados con reforestación y manejo de cuencas.
La organización señaló que actualmente el sector minero representa más del 50 % de las exportaciones nacionales y genera un aporte fiscal anual superior a RD$45,000 millones.
No obstante, consideró que los beneficios económicos de la actividad minera deben reflejarse con mayor impacto en las comunidades donde operan los proyectos extractivos.
La propuesta forma parte de la discusión sobre la actualización de la Ley Minera vigente desde 1971, proceso que según Camipe, permitiría alinear el sector con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y la Meta RD 2036.
La entidad afirmó que una legislación actualizada contribuiría a fortalecer la planificación estatal, la atracción de inversión extranjera y el desarrollo sostenible en los territorios vinculados a la minería.
Sobre el tema, Roberto Despradel, director ejecutivo de Despradel & Asociados indicó que la inversión extranjera del sector minero superó los US$260 millones el año pasado, de acuerdo con cifras del Banco Central.
Despradel consideró que el fortalecimiento del marco jurídico ayudaría a consolidar la legitimidad social del sector y a garantizar que la inversión genere desarrollo sostenible en las comunidades.
Camipe es una organización privada sin fines de lucro fundada en 1997 para promover el desarrollo del sector minero y petrolero dominicano y fomentar políticas públicas vinculadas a las industrias extractivas..
