Decisión clave en el caso por presunto desfalco millonario
La magistrada Altagracia Ramírez, titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, emitirá este viernes su resolución sobre si envía a juicio de fondo a los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, junto a otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina. El Ministerio Público les atribuye una estafa contra el Estado que supera los 41 mil millones de pesos.
De prosperar la apertura a juicio —prevista para las 3:00 de la tarde—, los acusados enfrentarían la posibilidad de ser condenados o absueltos en esa etapa procesal. La acusación detalla dos grandes esquemas fraudulentos.
Los montos y mecanismos del fraude señalado
El primer bloque de la imputación señala desembolsos irregulares destinados al pago de terrenos declarados de utilidad pública, cuyo perjuicio ascendería a más de 19 mil millones de pesos. El segundo capítulo apunta a pagos superiores a 21 mil millones de pesos a contratistas, sumado a una red de extorsión mediante bancas de apuestas.
La acusación, bautizada como Operación Calamar, involucra a 47 personas físicas y jurídicas. Entre los señalados figuran los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirilo y Claudio Silver Peña, así como el exsenador de Azua, Rafael Calderón, y Daniel Guerrero, hijo de Donald Guerrero.
Delitos imputados y postura de las partes
El grupo enfrenta señalamientos por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña electoral. La fiscalía califica la magnitud de estos hechos como carente de precedentes.
Mientras el órgano acusador insiste en la necesidad del juicio de fondo, los abogados defensores reclaman un auto de no ha lugar, argumentando que las pruebas carecen de sustento suficiente para llevar a sus clientes ante el tribunal.
