Fallo en Espaillat genera alerta en comunidades del Sur sobre seguridad y regulación de bares
La imposición de 18 meses de prisión preventiva a Iván Arias Espinosa y Lucilda Báez Espinosa, propietarios del New York Grill en Moca, por la muerte de Albert de Jesús Aracena, resuena en Barahona y toda la región Sur, donde operan decenas de centros de diversión similares que requieren mayor vigilancia.
El juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Espaillat dictó 18 meses de prisión preventiva contra los hermanos Iván Arias Espinosa y Lucilda Báez Espinosa, dueños del centro de diversión New York Grill, por su presunta vinculación con la muerte del joven Albert de Jesús Aracena, cuyo cadáver fue hallado enterrado tras 21 días de desaparición. Aunque el caso ocurre en el Cibao, su impacto se extiende a la región Sur, donde los negocios de entretenimiento nocturno son una fuente de empleo y turismo, pero también un reto para las autoridades locales.
Según las investigaciones, Aracena fue visto por última vez en el establecimiento de los acusados. Iván Arias habría declarado que el joven murió ahogado en la piscina del local y que, para evitar el cierre del negocio, decidió enterrar el cuerpo. Esta versión, que aún debe ser confirmada por la autopsia definitiva, ha generado indignación en comunidades del Sur, donde se exige mayor transparencia en el manejo de incidentes en bares y discotecas.
El Ministerio Público también busca a un ciudadano haitiano que estaría implicado y se encuentra prófugo. En la región Sur, con provincias fronterizas como Pedernales y Elías Piña, la cooperación judicial con Haití es un tema sensible, y este caso subraya la necesidad de fortalecer los acuerdos binacionales para evitar que sospechosos evadan la justicia.
La autopsia definitiva es clave para determinar la causa exacta del fallecimiento, debido al avanzado estado de putrefacción del cuerpo. Para los lectores del Sur, este caso sirve de llamado a las alcaldías y al Ministerio Público local para que supervisen las condiciones de seguridad en los centros de diversión, muchos de los cuales operan sin los permisos adecuados, poniendo en riesgo a la juventud de Barahona, Azua y San Juan.
Con un plazo de 18 meses para profundizar las investigaciones, las autoridades de Espaillat sentarán un precedente que podría influir en cómo se manejan casos similares en el Sur. Mientras tanto, las familias de la región esperan que la justicia actúe con celeridad para que hechos como este no queden impunes, protegiendo tanto a las víctimas como a la reputación de los negocios que legítimamente aportan al desarrollo local.
