Fiscalía pide más tiempo para experticias; defensas exigen revisar medidas en Barahona
El Ministerio Público solicitó al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional una prórroga de cuatro meses en la investigación por corrupción contra el Senasa, un caso que impacta directamente a la región Sur, donde los asegurados dependen de los servicios de salud pública.
La fiscal Rosa Alba García explicó al juez Deiby Timoteo que el pedimento responde a informes y experticias pendientes de la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, el Inacif y empresas privadas. El volumen de evidencias ha retrasado el procesamiento, lo que mantiene la incertidumbre sobre la gestión de los fondos que financian hospitales y clínicas en Barahona y otras provincias del Sur.
Los trabajos pendientes incluyen el análisis de información financiera para rastrear el recorrido de los recursos, algo crucial para determinar si los fondos destinados a la salud de los sureños fueron desviados. La fiscal indicó que varias instituciones han pedido plazo adicional para entregar sus reportes, lo que podría retrasar la presentación del acto conclusivo.
En tanto, las defensas de Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Spiker se opusieron a la prórroga y pidieron que, si se acoge, se revise la medida de coerción que pesa sobre sus representados. Francisco Minaya no objetó el plazo, pero también solicitó modificar su medida. Para las comunidades del Sur, que dependen del Senasa para sus tratamientos, esta situación genera preocupación por la calidad y continuidad de los servicios.
La nueva línea de investigación relacionada con varios centros de salud podría involucrar a clínicas de la región, por lo que los residentes de Barahona y sus alrededores siguen de cerca cada avance del caso, esperando que se esclarezca el destino de los fondos y se garantice la transparencia en el sistema de salud.
