Tribunal evaluará este viernes si otorga más tiempo al Ministerio Público; comunidades del Sur observan con atención
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional escuchó hoy la solicitud del Ministerio Público de extender por cuatro meses la investigación contra el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, y otros implicados en el desfalco que afecta a la seguridad social, incluyendo a residentes de Barahona y la región Sur.
El juez Deiby Timoteo Peguero tiene en sus manos decidir si concede al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses para presentar la acusación formal contra Santiago Hazim y los demás imputados en la red de corrupción que habría desfalcado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) con miles de millones de pesos. El caso, que también involucra a otros exfuncionarios, mantiene en vilo a los usuarios del sistema de salud en la región Sur, donde muchos dependen de los servicios de Senasa para sus tratamientos médicos.
Wilson Camacho, director general de Persecución, encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Durante la audiencia, Camacho reveló que en un interrogatorio uno de los imputados confesó que en Senasa "la corrupción era la norma", lo que, según dijo, evidencia la magnitud del entramado que afectó los recursos destinados a la salud de miles de dominicanos, incluyendo a los del Sur.
La decisión del juez Peguero es crucial para el avance del caso. Si se concede la prórroga, el Ministerio Público tendrá cuatro meses adicionales para profundizar las pesquisas y presentar cargos contra todos los involucrados. Camacho aseguró que "se hace necesaria" la extensión para concluir la investigación y garantizar que los responsables "se sienten en los tribunales" a responder por sus acciones, un clamor que resuena con fuerza en comunidades de Barahona y otras provincias sureñas, donde la corrupción en el sistema de salud ha golpeado directamente a los más vulnerables.
Mientras tanto, los imputados, entre ellos Santiago Hazim, fueron conducidos al tribunal para conocer la solicitud. El caso no solo tiene implicaciones legales, sino también sociales y económicas para la región Sur, que depende en gran medida de los servicios públicos de salud. La transparencia en el manejo de los fondos de Senasa es vital para garantizar que los recursos lleguen a los hospitales y centros de salud de la zona, donde la demanda de atención es alta y los recursos son limitados.
La audiencia de este viernes es un paso más en un proceso que podría sentar precedentes en la lucha contra la corrupción en el país. Para el Sur, la resolución del juez Peguero no solo definirá el rumbo judicial del caso, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones que deben proteger la salud pública.
