Un sistema de trazabilidad permitiría verificar el destino real de cada préstamo o emisión
La República Dominicana necesita un mecanismo que rastree cada préstamo, emisión o financiamiento desde su aprobación hasta el presupuesto, el proyecto, el contrato, la ejecución física y el resultado final, según un análisis publicado este 15 de junio de 2026 desde Madrid.
El debate sobre la deuda pública no debe quedarse en cuánto se autoriza, sino en cómo garantizar que cada peso y cada dólar puedan rastrearse hasta la inversión, el contrato, la obra, el servicio o el resultado que justificó su contratación. El Congreso interviene mediante autorizaciones generales en la Ley de Presupuesto y aprobaciones específicas de préstamos y operaciones de crédito, pero el verdadero vacío aparece después: en la capacidad de seguir, verificar y supervisar el destino real de esos recursos.
Una vez aprobada una operación de deuda, surgen preguntas clave: ¿cuánto se contrató finalmente?, ¿cuánto se desembolsó?, ¿en qué presupuesto se registró?, ¿qué entidad ejecutó los recursos?, ¿qué contratos fueron financiados?, ¿qué avance físico se logró?, ¿qué bienes, obras o servicios recibió la ciudadanía? El problema aparece cuando la autorización congresual queda desconectada de la ejecución posterior, pues el país puede saber que se aprobó un préstamo o una emisión, pero no necesariamente puede seguir con claridad su recorrido hasta el proyecto concreto.
La transparencia de la deuda pública no debe limitarse al momento de la aprobación. Debe abarcar todo el ciclo de vida de la operación: autorización, contratación, desembolso, registro presupuestario, ejecución financiera, avance físico y resultados. Solo así la deuda deja de ser una cifra contable y se convierte en una obligación pública verificable.
El texto advierte que en el debate público se usan como equivalentes conceptos que corresponden a momentos distintos: no es lo mismo autorizar deuda, emitir bonos, contratar un préstamo, recibir desembolsos o ejecutar esos recursos en una inversión concreta. La deuda autorizada cuenta con habilitación legal; la emitida se refiere a bonos colocados en el mercado; la desembolsada son los recursos efectivamente recibidos; y la ejecutada es la que finalmente se transforma en gasto público, contratos, obras, bienes, servicios o programas.
