Empresas del sector buscan diálogo para proteger inversiones y servicios en Barahona y el Sur
La Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC), que agrupa a Altice, Claro, Wind Telecom, Onemax y Phoenix Tower, solicitó ser incluida en la reforma de la ley de telecomunicaciones que impulsa el Indotel. Para el Sur, esta reforma define el futuro de la conectividad en comunidades, turismo y negocios locales.
La reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, presentada por el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), podría transformar los servicios en Barahona y toda la región Sur. Ante esto, COMTEC, que representa a las principales empresas del sector, pidió participar activamente en el proceso para aportar su experiencia y garantizar que las nuevas reglas no frenen la inversión en zonas como el Sur, donde la expansión de redes es vital para el desarrollo.
Claudia García, directora de COMTEC, afirmó que la reforma no es urgente, ya que la ley actual no presenta condiciones que americen cambios inmediatos. 'Tenemos una oportunidad excelente de agotar un proceso de revisión que cumpla con el mayor rigor posible', expresó. Esto da margen para que comunidades del Sur, a menudo rezagadas en conectividad, sean escuchadas antes de aprobar cambios.
Las empresas del sector recuerdan que de sus redes dependen actividades cotidianas como estudiar, trabajar y hacer negocios. En el Sur, una legislación equilibrada podría impulsar el turismo y el comercio, mientras que reglas apresuradas arriesgarían la calidad del servicio y la expansión de cobertura en zonas rurales y costeras.
COMTEC insiste en que un marco regulatorio moderno debe ofrecer seguridad jurídica y reglas claras para atraer inversiones. Para Barahona, esto significa la posibilidad de que las empresas continúen mejorando la infraestructura que conecta a la región con el resto del país, beneficiando a residentes y visitantes.
El llamado al diálogo es clave para que el Sur no quede fuera de la modernización. La asociación propone un proceso abierto que evalúe el impacto de las propuestas, y la comunidad sureña debe estar atenta para que sus necesidades de conectividad sean prioridad en la nueva ley.
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