AIRD y Procuraduría advierten a pymes y grandes industrias de la región
El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, y la procuradora Yeni Berenice Reynoso presentaron en Santo Domingo los cambios del Código Penal que impactarán a las empresas del Sur, que ahora deberán implementar programas de cumplimiento para evitar sanciones.
El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, advirtió que el nuevo Código Penal, que sustituye al marco legal de 1884, introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que obliga a las empresas de Barahona y toda la región Sur a prepararse para evitar riesgos legales en sus operaciones diarias.
Durante el Encuentro Industrial 'Nuevo Código Penal: Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad', Brache explicó que no bastará con tener manuales internos, sino que se requerirá una gestión activa con identificación de amenazas, controles efectivos, formación del personal y canales de denuncia. Las pymes del Sur, que a menudo carecen de departamentos de cumplimiento, deberán adaptarse a los nuevos estándares.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, detalló que el nuevo código incorpora más de 70 nuevas tipificaciones penales, como ciberdelitos, infracciones ambientales y trata de personas, con penas máximas de hasta 40 años y un sistema acumulativo que puede llegar a 60. Para el Sur, los delitos ambientales son relevantes por la industria turística y la riqueza natural de la zona, que ahora tendrá mayor protección legal.
Reynoso subrayó que el cambio trasciende una reforma simple: pasa de la influencia del derecho penal francés a paradigmas modernos como la imputación objetiva. También destacó la tipificación rigurosa de delitos contra la administración pública y la corrupción, lo que fortalecería la institucionalizad en las provincias del Sur, donde el desarrollo económico depende de la transparencia.
Brache y Reynoso coincidieron en que la implementación del código exigirá un esfuerzo coordinado entre el sector privado y el Ministerio Público. Los empresarios del Sur deben ver este cambio como una oportunidad para modernizar sus estructuras y contribuir a una competencia leal que beneficie a las comunidades locales.
