Basta ya de timideces.
El gobierno está en la obligación ineludible de imponer, de una vez por todas, los límites que la ley establece sobre las obligaciones ciudadanas.
Esos límites existen.
Están escritos claramente en las leyes de tránsito, en las normas contra el ruido innecesario, en los códigos de protección ambiental, salud pública e higiene urbana.
Pero todo ese andamiaje legal se derrumba ante un fenómeno podrido, que es el de la impunidad cotidiana, sistemática, insultante.
En cada una de esas esferas, los desacatos a las restricciones legales se multiplican como un virus.
Y el Estado, lejos de contenerlos, mira hacia otro lado.
Así se debilita su capacidad de prevenir y castigar.
Así se construye el reino del “total, no pasa nada”.
De tan comunes y normales que se han vuelto estas violaciones, recuperar el orden y la tranquilidad ya no será un simple retiro administrativo.
Será una operación de urgencia, enérgica e irrenunciable.
Pongamos un ejemplo brutalmente sencillo: si está prohibido circular sin luces delanteras y traseras, ¿por qué miles de motoristas lo hacen cada noche delante de los propios agentes? La respuesta lógica es: porque nadie les ha enseñado que la ley duele.
¿Por qué no se ordena ya mismo una fiscalización nocturna masiva? Que separen a todos esos vehículos infractores.
Que se les multe en el acto.
Y que no puedan retirar sus motocicletas hasta que las luces brillen como exige la norma.
Lo mismo pasa con el ruido.
Hay una ley clara que prohíbe tocar la bocina sin una emergencia real y comprobable.
Pero esa ley parece un verso más.
Nadie la conoce.
Ni siquiera los agentes de tránsito, a quienes jamás hemos visto detener a un infractor por esta causa.
Reimponer los límites de la ley —todos, sin excepción— debe ser hoy la más alta prioridad de un gobierno que parece atrapado, agotado e incapacitado para ejercer el único poder que verdaderamente redime al Estado: su autoridad legítima, firme e intransferible.
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