Análisis de los casos de corrupción y su impacto en el presupuesto nacional
Un análisis periodístico revela que la corrupción pública alcanza a no menos de 13 instituciones, con un déficit fiscal que representa el 16.1% del Presupuesto Nacional y el 3.2% del PIB, afectando directamente el bienestar de los ciudadanos.
El texto, firmado por Danilo Cruz Pichardo y publicado el 13 de septiembre de 2026, señala que los actos de corrupción en la República Dominicana son rampantes y selectivos. Menciona que Danilo Medina, a través del Ministerio Público, fue cogido de 'mampara' cuando miembros de su entorno político, militar y familiar fueron involucrados en expedientes judiciales con nombres de animales marinos que aún se ventilan en los tribunales. Estos casos, aunque con argumentos probatorios sólidos, no son los únicos hechos de reculado en los últimos tiempos.
El autor critica la selectividad de las acciones judiciales y la intención de ocasionar daño. Como ejemplo, cita el escándalo de Senasa y el castigo contra Santiago Hazim, principal acusado de un fraude inicial de 15 mil millones de pesos, pero obviando que cuando fue apresado ya estaba en franca desgracia con el poder. Al momento de escribir, se denunciaba corrupción pública a mayor nivel en no menos de 13 instituciones, y dos de los responsables fueron promovidos a puestos de mayor jerarquía en recientes cambios del Poder Ejecutivo.
El texto cuestiona el rol de la Cámara de Cuentas y señala que se estima que en el 90% de los órganos estatales se registran irregularidades de diferentes tipos. Una de las más comunes es la pluriactividad o multiempleos ilegal, que viola el Art. 144 de la Constitución y el Art. 80, numeral 5, de la Ley 41-08. El Ministerio de Administración Pública debió corregir con un simple cruce de nóminas que una misma persona cobre en dos y tres oficinas públicas. La gravedad aumenta cuando oficiales policiales y militares, empresarios y funcionarios de elección popular aparecen en nóminas públicas, pese a que solo la labor docente es compatible con altos cargos.
El autor afirma que desde agosto de 2020, el presidente Abinader empezó a designar empresarios en cargos públicos en las mismas áreas en que se desenvuelven en el sector privado, generando conflictos de intereses que prohíben los Art. 135 y 138 de la Constitución, así como las leyes 340-06 y 120-01. Además, varios de esos empresarios ocupan múltiples funciones públicas. La razón principal del déficit fiscal está en las irregularidades del gasto corriente: un agujero fiscal que representa el 16.1% del Presupuesto Nacional y el 3.2% del PIB, que podría corregirse con austeridad, pero el gobierno opta por empréstitos regulares, comprometiendo el futuro económico de los dominicanos.
