Política migratoria permite enviar migrantes a naciones sin vínculo, según
Un incidente con policías armados en Guinea Ecuatorial, ocurrido el 5 de septiembre, expone la política de Estados Unidos de deportar extranjeros a países que no son los suyos, una práctica que podría afectar a migrantes dominicanos y de la región.
Un cubano deportado por Estados Unidos se acercó a unos policías en un hotel de Malabo para pedirles que le devolvieran el teléfono celular. Quería comunicarse con sus familiares y con un abogado. La petición terminó con personas de rodillas y policías apuntándoles con armas. El incidente, ocurrido el 5 de septiembre en Guinea Ecuatorial y reconstruido por mediante videos y entrevistas con tres testigos, permite observar qué puede ocurrir después de una de las políticas migratorias que Estados Unidos ha ampliado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: deportar extranjeros a un país que no es necesariamente el suyo.
En el hotel Bamy de Malabo permanecían 31 personas deportadas desde Estados Unidos cuando ocurrió el enfrentamiento. El grupo incluye ciudadanos de diferentes países y forma parte de las 53 personas enviadas a Guinea Ecuatorial entre noviembre de 2025 y julio de 2026, procedentes de 11 países africanos, además de Cuba, Jamaica, Brasil y Georgia, según el rastreador Third Country Deportation Watch citado por. El conflicto comenzó cuando el ciudadano cubano reclamó su teléfono confiscado. El egipcio Ahmed Soliman empezó a grabar y, según declaró a Reuters, varios agentes intentaron quitarle el aparato, lo sujetaron por el cuello y posteriormente le ordenaron ponerse de rodillas mientras le apuntaban. Soliman aseguró que permaneció entre 10 y 15 minutos en esa posición hasta que el director del hotel intervino y la situación se calmó. verificó la localización y fecha del video, aunque señaló que no pudo establecer de manera independiente todo lo ocurrido antes del enfrentamiento.
Lo que llevó a esas personas hasta Malabo no es una deportación convencional. Normalmente, una persona expulsada de Estados Unidos es enviada a su país de nacionalidad o a otro territorio contemplado por las reglas migratorias. Sin embargo, la legislación estadounidense permite recurrir, bajo determinadas circunstancias, a otro país dispuesto a recibirla cuando las opciones anteriores resultan impracticables, desaconsejables o imposibles. Esa posibilidad está recogida en la sección 1231 del Título 8 del Código de Estados Unidos. La administración Trump ha convertido esa facultad en una pieza de su estrategia para acelerar las expulsiones, especialmente en casos en los que devolver directamente a una persona a su país resulta difícil.
Aquí aparece una de las controversias centrales. ha documentado que muchos de los enviados a terceros países habían obtenido previamente protección de jueces migratorios estadounidenses precisamente porque se determinó que podrían enfrentar tortura u otros abusos si regresaban a sus lugares de origen. El Gobierno estadounidense sostiene que la práctica es legal. El Departamento de Seguridad Nacional dijo a que utiliza todas las opciones legales disponibles para ejecutar deportaciones y afirmó que, una vez que una persona deja de estar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas —ICE—, esa agencia deja de ser responsable de ella. La trayectoria de cinco de los migrantes ilustra hasta qué punto el destino puede cambiar. Estados Unidos intentó enviarlos en agosto a Liberia. Eran tres cubanos, un brasileño y un camerunés.
