Conozca qué sectores son más multados y cómo evitar infracciones a la Ley 155-17
Los comercializadores de vehículos encabezan las sanciones de la DGII por incumplir la Ley 155-17 contra el lavado de activos, con multas que van desde RD$300,000 hasta RD$13.9 millones. La información es clave para comerciantes y profesionales obligados a reportar.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha impuesto 48 resoluciones sancionadoras desde 2021 contra firmas y personas por violaciones a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. De ellas, 36 fueron contra dealers o concesionarios de vehículos, nueve a constructoras, una a una empresa de servicios inmobiliarios, otra de contabilidad y una a una persona física vinculada a la joyería.
La sanción más alta hasta el momento asciende a 13.9 millones de pesos y fue contra el propietario de una joyería, por resistencia u obstrucción a la labor inspectora, incumplimiento en la entrega de informaciones y por no designar un oficial y un órgano de control interno de cumplimiento. Con esta multa, el monto total de las penalidades administrativas firmes en materia de prevención de lavado de activos asciende a 36.7 millones de pesos.
En el sector de comercializadores de vehículos, las infracciones son calificadas como leves, principalmente por no remitir a la DGII, en los primeros 15 días hábiles tras cada trimestre, la información estadística para análisis de riesgo. Cada uno de estos casos ha supuesto una sanción de 300,000 pesos. Solo las firmas Auto Lujosa, Ochoa Hermanos, Alamsa y Ciber Dealer han recibido sanciones por encima de ese monto, debido a retrasos en la entrega de información, incumplimiento en la identificación de riesgos de clientes y operaciones, y por no adoptar las medidas correctoras recomendadas por el supervisor.
En el sector construcción, las empresas han sido castigadas por incumplir deberes como designar un oficial de cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), no informar a la DGII sobre ese oficial, no remitir la información estadística trimestral y presentar retrasos en la entrega de informaciones requeridas, todas calificadas como infracciones leves. La DGII es la autoridad competente y supervisora de los sujetos obligados no financieros.
