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Dominicana arrestada en Massachusetts por red de matrimonios falsos con ganancias invertidas en RD

El caso revela cómo una acusada usaba parte de los millones obtenidos para comprar propiedades en República Dominicana

Jennifer González, de 43 años y ciudadana estadounidense de origen dominicano, fue arrestada en Massachusetts acusada de liderar una red de matrimonios fraudulentos que operó por más de una década y generó hasta seis millones de dólares, parte de los cuales invirtió en propiedades en República Dominicana.

De acuerdo con la fiscalía de Massachusetts, González, residente en Fall River, organizó durante más de 10 años matrimonios falsos para que inmigrantes indocumentados obtuvieran estatus migratorio regular. La acusación señala que la red realizaba entre 18 y 20 matrimonios ilegales al año y cobraba entre 38,000 y 40,000 dólares por cada uno, lo que le habría permitido ganar cientos de miles de dólares anuales.

Las autoridades grabaron llamadas en las que González prometía a sus clientes: “Estoy aquí para ayudarte a alcanzar el sueño americano, a seguir adelante y a hacer lo que quieras en la vida”. También les instruía sobre cómo simular un matrimonio legítimo, incluyendo la contratación de pólizas de seguro de vida, cuentas bancarias conjuntas y fotografías tipo selfie como si fueran parejas casadas.

En una de las conversaciones, la acusada afirmó: “Tengo negocios en mi país [República Dominicana]; por ejemplo, soy proveedor de pequeños comercios… como tiendas de barrio y cosas por el estilo. Y cada vez que me sobra algo de dinero, lo invierto en una propiedad nueva en mi país. Me gusta comprar terrenos… De hecho, tengo muchos terrenos en mi país”. Con parte de las ganancias, habría adquirido propiedades en territorio dominicano.

La fiscalía solicitó prisión preventiva argumentando un grave riesgo de fuga debido a los amplios recursos financieros de González y sus vínculos con República Dominicana. Junto a ella fueron detenidos Erica Daniels (29), Chreise Alejandro (39), Amara Pugh (31), Jessica Tavares (31) y Jaylin Hill (26). El caso pone de relieve la conexión entre fraudes migratorios en Estados Unidos y la inversión en bienes raíces en el país.


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