Disidentes alertan sobre impacto en seguridad jurídica y comunidades de Barahona
Dos miembros de la JCE, incluida la barahonera Hirayda Fernández, votaron contra la suspensión de la norma que impedía encuestas fuera de campaña, advirtiendo que la medida afecta la confianza en las reglas electorales y la tranquilidad de los ciudadanos del Sur.
La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de suspender provisionalmente la prohibición de publicar encuestas electorales fuera de los períodos de precampaña y campaña ha generado un debate interno que toca de cerca a la región Sur. Los miembros Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, oriunda de Barahona, y Rafael Armando Vallejo Santelises votaron en contra el pasado 20 de agosto, no por defender la prohibición, sino por el procedimiento usado: una resolución administrativa del Pleno dejó sin efecto un reglamento aprobado por el propio organismo.
Para las comunidades del Sur, donde la confianza en los procesos electorales es clave para la estabilidad social y el desarrollo, esta controversia puede generar incertidumbre. Fernández Guzmán, en su voto disidente (páginas 15-23 de la resolución), sostiene que un reglamento tiene carácter normativo y no puede suspenderse por una simple decisión administrativa. Si la JCE quiere modificar su norma, debe seguir el mismo procedimiento formal con que la aprobó. De lo contrario, advierte, se afecta la seguridad jurídica, un principio que también protege a los ciudadanos y empresas de Barahona.
Vallejo Santelises, por su parte, enfatiza la jerarquía normativa: un acto administrativo se dirige a casos concretos, mientras que un reglamento establece normas generales. Suspenderlo con facultades pensadas para actos administrativos es incorrecto. Esta disputa no es un tecnicismo; para el Sur, donde el turismo y la inversión dependen de reglas claras, saber qué norma está vigente es esencial para evitar conflictos y atraer proyectos.
Mientras tanto, la mayoría de la JCE (Román Jáquez, Dolores Fernández y Samir Chami) suspendió el artículo décimo tercero del reglamento sobre encuestadoras hasta que el Tribunal Constitucional determine su validez. El Tribunal Superior Electoral ya se declaró incompetente, dejando el caso en manos de la jurisdicción constitucional. Para los líderes comunitarios del Sur, la recomendación es mantenerse atentos: la resolución final definirá cómo se informarán las próximas elecciones, y eso impacta directamente la participación ciudadana en la región.
En lo inmediato, la suspensión permite que se publiquen encuestas fuera de campaña, lo que podría influir en la opinión pública en Barahona y alrededores. Sin embargo, los disidentes insisten en que la forma importa tanto como el fondo, y que la JCE no puede actuar por encima de sus propias reglas sin debilitar la institucionalidad que el Sur necesita para avanzar.
