Fondos no declarados superan RD$35 millones; Sur dominicano atento a controles cambiarios y turismo
Un ciudadano colombiano fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) con US$600,700 en efectivo y 647,000 pesos colombianos sin declarar, en una operación que involucra a la DGA, CESAC y el Ministerio Público. Para Barahona y la región Sur, este caso evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión en puertos y aeropuertos, claves para el turismo y el comercio local.
Las autoridades de aduanas detuvieron a un pasajero colombiano que intentaba salir del país con US$600,700 en efectivo y 647,000 pesos colombianos, sin declarar, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). El dinero estaba oculto en un bulto de mano (US$599,700) y en sus bolsillos (US$1,000), además de la moneda colombiana. El monto en dólares equivale a aproximadamente RD$35,981,930, según la tasa oficial.
El decomiso fue ejecutado por la Dirección General de Aduanas (DGA) en coordinación con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito del Ministerio Público. El extranjero viajaría con destino a Panamá, un punto de conexión frecuente para vuelos desde el Sur dominicano hacia Centro y Sudamérica.
Para la región Sur, donde el turismo y el comercio dependen de la confianza en los controles migratorios y aduaneros, este caso subraya la importancia de la vigilancia en los puntos de entrada y salida del país. La DGA, dirigida por Nelson Arroyo, reiteró que mantiene una supervisión permanente en puertos, aeropuertos y demás puntos fronterizos para combatir el contrabando y el tráfico ilícito de valores.
El caso se suma a otras acciones recientes de la DGA, como el decomiso de dos contenedores con 4.5 millones de cigarrillos y 961 televisores, que evitaron pérdidas fiscales superiores a RD$42.2 millones. Estas operaciones buscan proteger la economía nacional y local, asegurando que los flujos de efectivo no alimenten actividades ilícitas que afecten a las comunidades del Sur y de todo el país.
