Casos como el de los mellizos Borges evidencian la urgencia de exigir rendición de cuentas
Con casi treinta ejecuciones extrajudiciales en lo que va de mes y más de ochenta en menos de dos meses, el silencio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y de la procuradora Yeni Berenice Reynoso plantea un desafío para la ciudadanía. El caso de los mellizos Randy Omar y Omar Randy Borges, de 16 años, acribillados en sus camas, ilustra la gravedad de la situación.
Las ejecuciones extrajudiciales continúan sin freno en el país. En lo que va de mes, casi treinta personas han muerto a manos de agentes del Estado, y en menos de dos meses la cifra supera las ochenta. Entre las víctimas más jóvenes están los mellizos Randy Omar y Omar Randy Borges, de 16 años, quienes fueron acribillados en sus camas a las siete de la mañana, ante la súplica de su abuela, en el sector Mendoza, un barrio de chiriperos.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, han guardado silencio ante estos hechos. La semana pasada se criticó el olvido de Raful de sus antiguos principios de justicia. Reynoso, por su parte, en 2019 afirmó ante el Consejo Nacional de la Magistratura que había trabajado para combatir las ejecuciones extrajudiciales y que sus decisiones reflejarían sanciones contra este tipo de prácticas; sin embargo, su agenda se ha concentrado en la persecución de la corrupción, dejando de lado los derechos humanos.
El contraste con el trato a delincuentes de cuello blanco es evidente. Mientras la Policía mata a jóvenes marginales acusados de delincuencia, imputados como Mimilo Jiménez Collie, señalado como autor principal de una red que habría robado 41,185 millones de pesos al Estado, se benefician del criterio de oportunidad. Jiménez Collie habría devuelto 715 millones de pesos y fue sacado del proceso, mientras los mellizos Borges, sin antecedentes delictivos, no corrieron la misma suerte.
El artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los miembros del Ministerio Público pueden impartir órdenes e instrucciones a la Policía, quienes deben cumplirlas sin calificar su fundamento, oportunidad o legalidad. Este principio de jerarquía subraya la responsabilidad de las autoridades en la cadena de mando. La ciudadanía debe estar atenta y exigir que se investiguen estos casos y se rindan cuentas.
