Susi Pola Creado: 01.09.2026 | 11:56 Actualizado: 01.09.2026 | 11:56 El 22 de octubre de 2020, se firmó el Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, CG, impulsado por los gobiernos de Estados Unidos, durante primera presidencia de Trump y de Brasil, en el gobierno de Bolsonaro entonces.
Se estableció para reafirmar los principios de la salud y la igualdad de las mujeres, la protección de la vida humana antes del nacimiento, el reconocimiento de la familia como unidad fundamental de la sociedad y la soberanía de cada Estado.
Y forma parte del “paquete” planificado del capitalismo ultraderechista, imperialista y neocolonialista autoritario, cuya alternativa principal y peligrosa, está dirigida a la recuperación de prácticas tradicionales para un regreso al pasado doloroso del fascismo y la convulsión.
No es un tratado o una convención y, en ese sentido, firmarlo no vincula jurídicamente, solo es una técnica diplomática de negociación a fin de adoptar decisiones, por lo tanto, no compromete al país, ni modifica por sí misma el ordenamiento jurídico nacional.
Su adhesión, en el caso de R.
Dominicana, significaría un posicionamiento político de cara a la Nación y a la política exterior acordada con los convenios y tratados en igualdad de género, derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos, si vinculantes, que ya han sido firmados, además, de contradecir consensos en diferentes espacios multilaterales de los que somos signatarios, como el Consenso de Montevideo en 2013.
El Congreso dominicano ha demostrado en su actuaciones -reafirmadas públicamente por el presidente de la Cámara Baja públicamente y sin pudor- que su posición mayoritaria, alineada al Ejecutivo, tiene el poder absoluto de decidir lo que sea, aunque, más de la mitad del país esté en contra y se rompa con la práctica con la democracia.
Sin embargo, a pesar de que el CG no sea vinculante y el presidente pueda firmarlo libremente, nuestra Constitución dice en el artículo 26 que las actuaciones internacionales de la R.
Dominicana deben fundamentarse siempre en los valores nacionales, el interés del país, la soberanía y el principio de no intervención.
Hasta ahora, la ciudadanía y el pueblo dominicano, hemos tenido que presenciar de parte de nuestros administradores, el alineamiento “ideológico” -muchas veces vergonzoso- de nuestro país a proposiciones que lo enfilan, al decir de muchas personas, con una política transaccional, de alienación derechista y, lo peor, de presión máxima para los pueblos por el dominio que presupone y ejecuta.
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