La independencia judicial depende de despolitizar la elección de los jueces, no solo del Ministerio Público
Pronto se evaluará y seleccionará a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. El debate se centra en cómo lograr una justicia independiente que no responda a tensiones partidarias, un tema clave para el país.
Las autoridades dominicanas han expresado que dejar como legado la independencia judicial es un aspecto trascendental. Sin embargo, esta no se logra solo con un Ministerio Público independiente, pues sería una quimera. La verdadera justicia independiente radica en despolitizar la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
El Ministerio Público es solo el ente investigador, mientras que son los jueces del último peldaño jerárquico quienes otorgan a los casos la decisión final. Por eso, se debe aspirar a que estas decisiones estén condicionadas únicamente a la Constitución y las leyes, fuera de toda tensión partidaria.
La Constitución, en su artículo 159, dispone que la ley regulará el estatuto jurídico de la Carrera Judicial. La Ley 327-98 sobre Carrera Judicial regula los derechos y deberes de los magistrados, y garantiza la idoneidad, estabilidad e independencia de los mismos, además de un sistema que estructura técnicamente la carrera sobre la base de méritos, con exclusión de toda discriminación por motivos políticos, sociales, religiosos o de cualquier otra índole.
La idoneidad, estabilidad e independencia de los jueces solo se encuentra plenamente garantizada en los jueces de Carrera, quienes ingresan al sistema sin deberle nada a nadie más que a su propio sacrificio y esfuerzo. Para ingresar, deben someterse a un concurso de oposición con varias fases excluyentes: prueba psicométrica, escrita y oral ante un gran jurado, dominando más de 150 temas de diferentes áreas del derecho. Además, el evaluado desconoce quiénes serán sus evaluadores y viceversa, descartando cualquier oportunidad de favoritismo.
Quienes superan este exigente concurso pasan dos años en la Escuela Nacional de la Judicatura, con formación integral exhaustiva sin recibir salario, impulsados por su vocación de servicio. Los dos años de formación son costeados por el propio aspirante a través de un préstamo en Fundapec, que luego es pagado con su salario una vez nombrado juez de carrera, con descuento directo de nómina. Ya como juez de carrera, está sometido a evaluación de desempeño anual de acceso público y a formación continua obligatoria por parte de la Escuela Nacional de la Judicatura, considerada de las más prestigiosas de América Latina por sus altísimos estándares de calidad. Todo esto constituye una sólida garantía para la sociedad de la calidad de sus jueces.
