Katrina Naut sugiere evaluar adaptación del sector arrocero ante desgravación arancelaria
El arroz es un alimento básico en República Dominicana y el Gobierno busca un acuerdo con Estados Unidos por el DR-CAFTA, mientras la USTR pide derogar el Decreto 693-24. La experta Katrina Naut recomienda cumplir los compromisos internacionales y definir medidas de apoyo al sector arrocero.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) señaló el pasado 11 de septiembre la importancia de derogar el Decreto 693-24, emitido por el Poder Ejecutivo para proteger la producción nacional de arroz. El Gobierno intenta lograr un entendimiento con Estados Unidos respecto a lo acordado en el Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), pero el escenario se torna complicado.
En el análisis 'Medidas de Protección al Arroz. Decreto No. 693-24′, elaborado por la firma Naut & Associates, la experta en comercio internacional Katrina Naut, presidenta de la firma, sugiere que el país debe observar y cumplir los compromisos y obligaciones internacionales previamente asumidos en el DR-CAFTA y revisar, derogar o adecuar las medidas que resulten incompatibles con lo convenido en el tratado. Naut es exdirectora de comercio exterior del MICM, exembajadora de República Dominicana ante la OMC y CEO de Naut & Associates Consulting.
La exembajadora ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y Organismos Internacionales Económicos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, señaló que lo recomendable es que el Gobierno evalúe e implemente medidas de apoyo dirigidas al sector arrocero que permitan facilitar su adaptación al escenario de libre comercio previsto en el DR-CAFTA, particularmente ante la culminación del proceso de desgravación arancelaria aplicable a este producto. Esas medidas deben orientarse a incrementar la productividad, reducir los costos de producción, incorporar tecnología, acceder a financiamiento, fortalecer la infraestructura productiva y mejorar la competitividad del sector, procurando que los instrumentos sean compatibles con las obligaciones comerciales internacionales.
Para evitar el libre ingreso del grano estadounidense, el Decreto 693-24, amparado en la recién modificada Ley 75-24 de Seguridad Alimentaria, fijó un arancel del 99% fuera de contingente y solo permitió una cuota preferencias de 23,300 toneladas métricas a 0%. El Gobierno justificó la medida invocando la cláusula de 'Seguridad Esencial' (artículo 21.2 B del DR-CAFTA), alegando que proteger la producción arrocera salvaguarda un interés de soberanía nacional. Naut sustenta que invocar excepciones de 'seguridad esencial' para proteger intereses puramente comerciales violaría el principio de buena fe internacional y afirma que legalmente el país no puede desconocer de forma unilateral los compromisos de arancel cero pactados en el DR-CAFTA. La especialista advierte que la vía para dirimir este conflicto es el mecanismo de solución de controversias del DR-CAFTA (Capítulo 20). Sin embargo, refiere que Estados Unidos podría tomar medidas de retaliación comercial, afectando a sectores clave del país como las exportaciones de zonas francas.
