José Paulino explica que gobiernos evitan regularizar barrios y perseguir fraude por fricción social
Los apagones en República Dominicana no se deben a falta de generación, sino a problemas en las redes y a decisiones políticas que evitan enfrentar el fraude eléctrico, según el asesor energético José Paulino. La situación afecta a usuarios que pagan sus facturas y genera transferencias estatales para cubrir déficits.
El asesor energético José Paulino afirmó que los gobiernos dominicanos han postergado durante décadas medidas para regularizar barrios y perseguir el fraude en el consumo de electricidad, debido a las posibles fricciones sociales que generarían estas acciones. Según el experto, cerca del 80 % de la inercia frente al fraude eléctrico responde a decisiones de política pública y cálculos de costo político.
Paulino explicó que las conexiones ilegales, la manipulación de medidores y la energía suministrada que no se cobra reducen los ingresos de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), lo que contribuye a la necesidad de transferencias estatales para cubrir sus déficits financieros y traslada parte del costo de las pérdidas a las finanzas públicas.
El asesor descartó que los apagones recurrentes se deban a un déficit de generación, al considerar que el sistema tiene disponibilidad de energía suficiente para suplir la demanda nacional. 'La potencia disponible en el parque de generación supera la demanda máxima coincidente del sistema, dejando márgenes de reserva rodante e incluso capacidad teórica de excedente. No falta energía en las barras de despacho; el problema radica en las redes de transporte y distribución', detalló.
Paulino también denunció que algunos circuitos son desconectados por razones financieras para reducir el suministro de energía que las distribuidoras no esperan cobrar, lo que perjudica a los clientes que pagan sus facturas. Asimismo, advirtió que la expansión inmobiliaria en Santo Domingo y otras ciudades no siempre marcha al ritmo de las inversiones necesarias para ampliar la capacidad de las redes, y señaló que persiste la práctica encubierta de desconexión selectiva de circuitos, a pesar de que el Reglamento de Aplicación de la Ley 125-01 consagra la obligación de brindar un suministro continuo y de calidad.
