EXTRADICIÓN SIN FRONTERAS: CUANDO EL ESTADO DECIDE NO PROTEGER AL DELITO

EXTRADICIÓN SIN FRONTERAS: CUANDO EL ESTADO DECIDE NO PROTEGER AL DELITO

EXTRADICIÓN SIN FRONTERAS: CUANDO EL ESTADO DECIDE NO PROTEGER AL DELITO

Abinader envía un mensaje claro: la justicia no se negocia, se cumple

ARTÍCULO DE OPINIÓN

La reciente autorización del presidente Luis Abinader para la extradición de dos ciudadanos dominicanos y un ciudadano polaco, mediante los decretos 69-26, 70-26 y 71-26, no es un hecho aislado ni meramente administrativo. Es una decisión política con profundas implicaciones institucionales, jurídicas y morales.

En un contexto regional donde muchas veces la soberanía se confunde con impunidad, el Estado dominicano opta por una ruta distinta: cooperar con la justicia internacional cuando existen causas debidamente fundamentadas. La extradición de Luis Manuel Febles Peralta, Christian Antonio Reynoso Pérez y Szyinoii Tomkiel deja claro que la nacionalidad ya no puede ser utilizada como escudo para evadir responsabilidades penales.

Este acto presidencial envía un mensaje contundente dentro y fuera del país: República Dominicana no será refugio de delincuentes, sin importar su origen. La firma de estos decretos refuerza la credibilidad del país ante la comunidad internacional y fortalece los compromisos asumidos en tratados de cooperación judicial.

Pero también hay una lectura interna que no debe ignorarse. En una sociedad cansada de la impunidad selectiva, decisiones como esta ayudan a reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones. No se trata de celebrar la extradición en sí, sino de valorar el respeto al debido proceso y la voluntad política de no interferir cuando la justicia llama.

El presidente Abinader asume un costo político inevitable: siempre habrá sectores que cuestionen estas acciones bajo el argumento del “abandono” de nacionales. Sin embargo, proteger a un ciudadano no significa encubrirlo, y mucho menos cuando existen procesos judiciales formales en otras jurisdicciones.

La extradición, bien aplicada, no debilita al Estado; lo fortalece. Porque un país que coopera con la ley internacional es un país que apuesta por la legalidad, la transparencia y el orden democrático.

Hoy, con estos decretos, el Gobierno dominicano marca una línea clara: el crimen no tiene pasaporte, y la justicia tampoco debería tener fronteras.

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