La procuradora General de la República advirtió en el Foro de Contratación Pública que los actos de corrupción afectan directamente a la población, pero en el Sur el impacto es más severo para las mujeres, que dependen de servicios públicos deficientes y sufren violencia de género impune.
En el marco del Foro de Contratación Pública, la procuradora General de la República presentó la conferencia "Hacia una gestión pública íntegra: Prevención y lucha contra la corrupción", donde puso como ejemplos graves la corrupción en el sector salud y afirmó que los delitos de corrupción administrativa tienen como víctimas a la ciudadanía afectada por los servicios públicos. Sin embargo, en Barahona y el Sur, esta realidad se agrava: las mujeres, principales usuarias de esos servicios, cargan con el peso de la desigualdad estructural y la feminización de la pobreza.
La corrupción estatal en República Dominicana desvía recursos de sectores esenciales como la salud, la educación y la protección social, perpetuando brechas de género que afectan desproporcionadamente a las dominicanas. En la región Sur, esto se traduce en un sistema deficiente de salud pública, donde la atención ginecobstétrica y la mortalidad materna son críticas, como evidencian los casos de SENASA y el Instituto Oncológico de Santiago mencionados por la procuradora.
Además, la impunidad ante la violencia de género deja desamparadas a las víctimas en comunidades como Barahona, donde los sobornos y el tráfico de influencias favorecen a los agresores, alimentando alarmantes cifras de feminicidios. El clientelismo en las ayudas sociales también condiciona la entrega de subsidios a favores políticos, limitando el acceso de las jefas de hogar de menores ingresos, que son mayoría en el Sur.
La falta de protección y la debilidad en la justicia son manifestaciones puras de corrupción que golpean a las mujeres. Funcionarios y funcionarias con conocimiento y apego al servicio deben diferenciar los daños que denuncian con responsabilidad, porque al final, la ciudadanía es más femenina. La región Sur exige acciones concretas para que la corrupción no siga profundizando las desigualdades.
Es momento de que las autoridades prioricen la transparencia en la gestión pública, especialmente en los sectores que más impactan a las mujeres del Sur, como salud, seguridad y asistencia social. Solo así se podrá avanzar hacia una gestión íntegra que beneficie a todos y todas por igual.
