La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió que el incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional por instituciones como la Policía Nacional y ministerios impacta directamente la seguridad jurídica de las comunidades del Sur, incluida Barahona, donde la confianza en la justicia es clave para el turismo y la inversión.
El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó su preocupación por la ejecución tardía o insuficiente de las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) por parte de los poderes públicos. En Barahona y la región Sur, esta situación genera incertidumbre en sectores como el turismo y la inversión local, que dependen de un marco legal predecible para su desarrollo.
Castaños Guzmán recordó que el artículo 184 de la Constitución establece que las sentencias del TC son definitivas e irrevocables, y que su incumplimiento por entidades como la Dirección General de la Policía Nacional, la Presidencia y varios ministerios, incluyendo Obras Públicas y Educación, compromete la credibilidad del sistema de justicia en todo el país.
El jurista subrayó que la falta de ejecución de fallos abre una brecha entre la justicia formal y la real, afectando directamente a ciudadanos y comunidades del Sur que esperan resoluciones efectivas en temas como servicios públicos, medioambiente y seguridad ciudadana. Instó a fortalecer la coordinación interinstitucional y el monitoreo del TC para garantizar que las decisiones tengan efectos concretos.
Para la región Sur, donde la confianza en las instituciones es esencial para atraer proyectos turísticos y agroindustriales, el cumplimiento de los fallos constitucionales no es un tema abstracto. Castaños Guzmán enfatizó que la ciudadanía necesita confiar en que una decisión constitucional tendrá efectos reales, o de lo contrario se debilita el Estado de derecho y se frena el desarrollo local.
Finalmente, el vicepresidente de FINJUS llamó a las autoridades a establecer procedimientos claros para el seguimiento de las sentencias y a distinguir entre retrasos justificados y resistencia deliberada, con el fin de garantizar la justicia real para todos los dominicanos, incluidos los del Sur.
