Decisión diplomática sin explicación pública genera debate sobre rumbo de la política exterior
El Gobierno dominicano solicitó el retiro de nueve miembros de la misión diplomática cubana y sus familiares, en uno de los movimientos más significativos hacia Cuba en años. La medida, sin explicación oficial clara, plantea dudas sobre si es un incidente puntual o un giro profundo en las relaciones bilaterales.
La decisión del Gobierno dominicano de solicitar el retiro de nueve miembros de la misión diplomática cubana y sus familiares constituye uno de los movimientos más significativos de la política exterior dominicana hacia Cuba en los últimos años. Más allá de las razones que pudieran haber motivado la medida, y que hasta el momento no han sido explicadas públicamente con suficiente claridad, su alcance obliga a preguntarse si estamos frente a un incidente diplomático puntual o ante el inicio de una transformación más profunda de las relaciones entre Santo Domingo y La Habana.
La República Dominicana posee, como cualquier Estado soberano, la facultad de determinar qué funcionarios extranjeros pueden permanecer acreditados en su territorio. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas reconoce ampliamente esta potestad al Estado receptor. Desde esa perspectiva, el debate no reside fundamentalmente en la legalidad de la decisión. La cuestión verdaderamente importante es otra: ¿qué objetivo de política exterior persigue la República Dominicana con esta medida?
Gobierno dominicano pide retiro de nueve diplomáticos cubanos
La pregunta resulta todavía más pertinente porque la decisión no ocurre en un vacío. Durante los últimos años se han producido señales de distanciamiento entre Santo Domingo y La Habana. En 2025, República Dominicana decidió no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas, decisión que la Cancillería justificó entonces por la necesidad de garantizar el mayor nivel posible de participación en el encuentro. A ello se suman posiciones dominicanas recientes en escenarios multilaterales y, ahora, una reducción considerable de la representación diplomática cubana en el país.
Cada una de estas decisiones puede analizarse separadamente. Observadas en conjunto, sin embargo, comienzan a configurar una tendencia. Y es precisamente esa tendencia la que merece atención. La política exterior dominicana se desarrolla dentro de una realidad geopolítica imposible de ignorar. Estados Unidos constituye nuestro principal socio comercial, uno de nuestros mayores inversionistas, el destino fundamental de nuestra diáspora y un actor determinante para la seguridad y la economía dominicanas. Nuestra relación con Washington es estratégica y debe continuar siéndolo. Pero reconocer esa realidad no implica aceptar que nuestras decisiones internacionales deban reproducir automáticamente las prioridades de la política exterior estadounidense.
La política estadounidense hacia Cuba posee objetivos históricos, políticos y estratégicos propios. Washington ha construido durante décadas una relación particularmente conflictiva con La Habana, determinada por circunstancias que responden a su historia bilateral y a sus propios intereses de seguridad y política interna. Esos intereses pueden coincidir en determinados momentos con los dominicanos, pero no necesariamente son los mismos. Por eso resulta legítimo preguntarse si el endurecimiento progresivo de la posición dominicana hacia Cuba responde exclusivamente a una evaluación autónoma de nuestros intereses nacionales o si refleja un creciente alineamiento con la política de Washington hacia la isla. No existe hasta el momento evidencia pública que permita afirmar que Estados Unidos ordenó específicamente la expulsión de los funcionarios cubanos. Sería irresponsable presentar como hecho aquello que no ha sido demostrado. Sin embargo, la autonomía de una política exterior no se evalúa únicamente p
