Multas de hasta cinco salarios mínimos por obstruir el tránsito sin permisos
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) fiscalizó diversos puntos del Gran Santo Domingo y sancionó a 15 empresas constructoras cuyos camiones vertieron concreto y dispusieron materiales en la vía pública, infringiendo la Ley 63-17. La medida busca garantizar el orden, la seguridad y la movilidad ciudadana.
El director del INTRANT, Juan Manuel Méndez, informó que las sanciones forman parte de las labores continuas de la institución para garantizar el orden, la seguridad y la movilidad de todos los ciudadanos. Los operativos se llevaron a cabo frente a edificaciones en construcción en sectores del Distrito Nacional, incluyendo Piantini, Serrallés y Naco, así como en el sector Alma Rosa de Santo Domingo Este.
Méndez enfatizó que el INTRANT velará estrictamente por el cumplimiento de la ley y que sus normativas son de obligatorio cumplimiento para todos los actores del sistema de transporte y movilidad. Recordó que el artículo 151 de la Ley 63-17 establece como infracción realizar trabajos en la vía pública sin colocar y mantener la señalización de advertencia de peligro requerida, conducta que conlleva una sanción de uno a tres salarios mínimos.
Asimismo, el artículo 153 contempla una sanción de uno a cinco salarios mínimos para quienes ejecuten labores en la vía pública sin el permiso correspondiente del INTRANT o del ayuntamiento. La legislación también establece que los trabajos autorizados deben ejecutarse sin obstaculizar el tránsito, que las labores de corta duración deben realizarse preferiblemente en horarios de menor flujo vesicular y que los materiales y desechos deben ser retirados inmediatamente para evitar riesgos a los usuarios.
Durante las inspecciones, las brigadas del INTRANT verificaron situaciones relacionadas con el vaciado de concreto y la disposición de materiales en espacios destinados a la circulación, procediendo con las sanciones correspondientes conforme a las disposiciones legales aplicables. Méndez sostuvo que las actividades que impliquen ocupación, intervención u obstaculización de las vías públicas deben realizarse cumpliendo previamente con los permisos, las condiciones de seguridad y las disposiciones establecidas por las autoridades competentes.
