Comunidad de Oviedo, Pedernales, protesta por clausura de empresa que era único sostén local
Más de 80 trabajadores y sus familias protestaron en Oviedo, Pedernales, por el cierre de la empresa BG Investment Group, dedicada al reciclaje textil desde 2008, clausurada por la Dirección General de Aduanas (DGA). El alcalde Julio Gómez Ramón Alberto Pérez Terrero (Petete) advirtió que el hambre y la miseria se apoderarán de ese empobrecido municipio del sur del país.
La empresa BG Investment Group, que operaba bajo el régimen de desarrollo fronterizo con certificado vigente hasta 2028, fue clausurada por disposición de la Dirección General de Aduanas (DGA). Los empleados indicaron que era un sostén para toda la comunidad, porque apoyaba actividades de deporte, la salud de los más pobres y cualquier situación de la comunidad. 'Todo el pueblo de Oviedo se beneficiaba de esa zona franca', precisaron.
El alcalde de Oviedo, Julio Gómez Ramón Alberto Pérez Terrero (Petete), definió la situación como preocupante y advirtió que el hambre y la miseria se apoderarán del municipio. 'La única ayuda que recibe el ayuntamiento de Oviedo la otorga esta empresa. Tenemos hombres y mujeres con deseos de trabajo', indicó. 'Aquí hay hombres y mujeres que con lo que ganan aquí mantienen a su familia y otros estudian', insistió. Pidió a las autoridades de Aduanas: 'Hagan lo que tienen que hacer para que la empresa pueda operar nuevamente'.
Rafael Pérez Matos, presidente de la Asociación de Productores de Plátanos de Oviedo, dijo que la miseria, el hambre y la necesidad se han apoderado del pueblo debido al cierre de la empresa, la única con que cuentan en la comunidad. La compañía denunció recientemente un presunto trato desigual por parte de la DGA que, según afirman, ha provocado la paralización de sus operaciones y pone en riesgo 85 empleos directos y más de 250 indirectos.
BG Investment Group asegura que opera bajo el régimen de desarrollo fronterizo con la clasificación número 127-184-08, cuyo certificado permanece vigente hasta 2028. Afirma haber pagado más de RD$48 millones en impuestos aduanales y que las verificaciones realizadas no determinaron contrabando ni irregularidades. Sin embargo, denuncia la retención de nueve contenedores y cuestiona cambios en la valoración de sus mercancías sin una explicación técnica que justifique los nuevos criterios. La compañía llevó el conflicto ante el Tribunal Constitucional, alegando afectación a la igualdad ante la ley, el debido proceso, la seguridad jurídica y la libertad de empresa, además del cumplimiento del marco legal de desarrollo fronterizo. Dice que no solicita privilegios ni pretende evadir impuestos, sino que se respeten las condiciones de su certificación, se emitan decisiones administrativas debidamente motivadas y se le permita continuar operando mientras se resuelve la controversia.
