EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado y especialista en materia jurídica Carlos Balcácer consideró este martes que la entrada en aplicación del nuevo Código Penal dominicano representa un desafío para jueces, abogados y demás actores del sistema de justicia, especialmente en lo relativo a la interpretación y aplicación de las nuevas disposiciones.
Balcácer sostuvo que aunque los tribunales cuentan con herramientas suficientes para determinar las sanciones establecidas en la legislación, la aplicación efectiva del Código Penal requerirá de una interpretación jurídica profunda, tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada proceso.
Explicó que los jueces deberán valorar los rangos mínimos y máximos de las penas contempladas en la nueva legislación, pero también tendrán que recurrir a principios constitucionales, criterios jurídicos y jurisprudencia para determinar la sanción correspondiente en cada caso.
“Lo que conlleva una profundidad es lo que se llama inteligencia”, expresó el jurista al referirse a la necesidad de que los operadores del sistema de justicia no se limiten a una aplicación mecánica de las disposiciones penales.
El abogado señaló además que la experiencia acumulada por los tribunales y la jurisprudencia serán elementos importantes para enfrentar las situaciones que puedan surgir con la implementación de la nueva normativa.
El profesional del derecho se expresó en estos al ser entrevistado por los comunicadores Aneudy Ramírez y Nilson Batista en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital de “El Nuevo Diario TV”.
(Ver programa).
Penas y efecto disuasivo
Al abordar el régimen de sanciones, Carlos Balcácer consideró positiva la existencia de penas severas para determinados delitos, al entender que estas pueden contribuir a generar un efecto disuasivo frente a la delincuencia.
El jurista puso como ejemplo los casos relacionados con feminicidios y la participación de personas que aunque no ejecuten directamente el crimen pueden colaborar de distintas maneras, como facilitar vehículos, proporcionar información o prestar asistencia para la comisión del hecho delictivo.
El jurista explicó que la legislación debe establecer diferencias entre los distintos niveles de participación y responsabilidad, de acuerdo con las circunstancias concretas de cada caso.
A su juicio, las sanciones deben guardar relación con la gravedad de las conductas y cumplir también una función preventiva, de manera que puedan contribuir a evitar que otras personas incurran en hechos similares.
Balcácer sostuvo que la valoración de las penas debe hacerse tomando en cuenta “el tiempo y el espacio”, así como las condiciones sociales en las que se producen los hechos delictivos.
En ese sentido, consideró que el nuevo marco penal constituye una herramienta importante para enfrentar la delincuencia, aunque su efectividad dependerá en gran medida de la correcta interpretación y aplicación que realicen los jueces y demás actores del sistema de justicia dominicano.
