Jueza autoriza seudónimo Jane Doe en demanda civil contra siete estudiantes y la universidad
Una jueza de Nueva York permitió que la estudiante que denunció una violación grupal en la Universidad de Cornell en 2024 mantenga el anonimato en su demanda civil. La decisión busca protegerla de represalias y riesgos para su salud y familia.
La jueza Phaedra F. Perry-Bond, del Tribunal Supremo del estado de Nueva York, autorizó este viernes que la denunciante siga usando el seudónimo 'Jane Doe' en el proceso civil contra siete estudiantes y varias entidades vinculadas a Cornell por su actuación ante el caso.
La magistrada concedió la petición al considerar que la demandante justificó la necesidad de proteger su identidad y que ninguno de los demandados se opuso, según las actas judiciales. La denunciante alegó que revelar su nombre podría exponerla a represalias, perjudicar su vida social y profesional y poner en peligro a su familia, además de sufrir ansiedad, depresión e insomnio por el temor a ser identificada.
La decisión ordena que los documentos del proceso sigan usando el seudónimo y omitan o tachen sus datos personales. No obstante, permite que los demandados comuniquen de forma privada la identidad de la denunciante a terceros implicados en la investigación y la preparación de la defensa, como testigos, médicos, empleadores o agencias gubernamentales, siempre que se comprometan a mantener la confidencialidad. La jueza advirtió que amenazar a la denunciante, a los demandados o a sus abogados puede constituir delito.
La demanda acusa a siete estudiantes de violar a 'Jane Doe' durante horas en una casa de una fraternidad del campus en 2024 y sostiene que la universidad no investigó adecuadamente lo ocurrido. El caso ha generado críticas por la respuesta de Cornell y por la investigación inicial. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, criticó a principios de este mes la actuación de la policía del campus por no trasladar a los fiscales las declaraciones de la joven, y el pasado 1 de octubre nombró a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para dirigir una investigación criminal.
