Mientras el mundo reserva vuelos hacia las playas de Punta Cana y la alianza público-privada en el sector turístico celebra récords de ocupación, a pocos kilómetros de ahí, sobrevive la otra cara de la moneda: la provincia real, la invisible, la que se toma en consideración de manera muy limitada.
La Altagracia turística e invisible
Se estima que la provincia La Altagracia genera más de 5,000 millones de dólares anuales en ingresos turísticos.
Y al mismo tiempo figura entre las provincias con menor índice de desarrollo humano del país.
Ese dato no es un contrasentido.
Es una imputación.
Las razones son estructurales y variadas: Primero: el modelo turístico de bajo encadenamiento.
Un significativo volumen de las operaciones comerciales hoteleras se realiza fuera de las fronteras de La Altagracia ; la mayoría del personal operativo y técnico contratado proviene de otros litorales nacionales, el bajo nivel de cantidad y calidad del emprendimiento de la sociedad todavia arraigado en sus raíces culturales, etc. El valor derramado hacia las comunidades locales es deficitario para la provincia.
Segundo: El Estado ausente.
Deuda historica con la provincia.
La inversión pública en salud, educación, formación, capital semilla e infraestructura, etc en La Altagracia ha sido históricamente inferior a su aportación fiscal.
La provincia pone los impuestos; otras se llevan los proyectos.
Tercero: Es cierto que el sector hotelero emplea miles de trabajadores formales; pero las oportunidades de ascenso son limitadas. Los desarrolladores inmobiliarios, contratan mano de obra mayoritamente extranjera e irregular, donde, por ejemplo, los derechos laborales y la seguridad social brillan por su ausencia. Las empresas, salvo honrosas excepciones como el Grupo Puntacana, aplauden la "responsabilidad social" y solo unas pocas la practican.
¿Qué debe hacerse? El gobierno tiene una deuda histórica específica: redirigir una proporción fija —no negociable— de los ingresos por turismo hacia salud primaria, educación técnica, saneamiento, movilidad, seguridad y ordenamiento en los municipios de la provincia.
Con veeduría y auditoría ciudadana.
El sector empresarial debe promover y apoyar con hechos, no mediante discursos, cadenas productivas locales reales.
El turismo sostenible no es un eslogan de marketing; es un modelo de negocio o no existe.
Las distintas fuerzas vivas altagracianas que conforman la sociedad civil de la provincia: Iglesias, juntas de vecinos, asociaciones profesionales, ONGs; tienen que hacerse sentir.
Deben exigir organizada y permanentemente, sin alteración del orden público, para no caer en la ilegalidad, el desorden y atentar contra lo que se ha logrado hasta ahora.
La Altagracia no necesita más folletos estudios o planes de desarrollo . Necesita justicia económica.
Y la diferencia entre ambas cosas es lo que las autoridades no quieren debatir para encontrar soluciones.
El desarrollo real trae consigo nuevas oportunidades , mejoría para todos y así se vive mejor.
La prosperidad que no se derrama , es simplemente, otro nombre en el que se coexiste con el atraso..
