Otra vez el tema de la apatridia vuelve a colocarse sobre la mesa y, otra vez, se pretende endilgar a la República Dominicana un problema cuya raíz fundamental está del otro lado de la frontera: las históricas dificultades de Haití para registrar y documentar adecuadamente a sus ciudadanos.
La Constitución dominicana establece quiénes adquieren la nacionalidad por nacimiento y las excepciones.
Que una persona nazca en territorio dominicano no significa automáticamente que sea dominicana.
Tampoco la falta de documentos haitianos convierte necesariamente a alguien en apátrida.
Ahí está el punto que suele perderse.
Haití tiene la responsabilidad primaria de documentar a sus nacionales y garantizar el registro de sus hijos nacidos en el extranjero.
Sus debilidades institucionales, sumadas a décadas de migración irregular y a la falta de documentación de muchos padres, han creado situaciones personales difíciles que no pueden cargarse exclusivamente al Estado dominicano.
República Dominicana debe cumplir sus leyes, garantizar derechos y evitar arbitrariedades.
Pero también tiene derecho a aplicar su Constitución y definir su política migratoria.
El debate —retomado con un documento sobre los cortadores de caña haitianos en el país— merece rigor.
Confundir indocumentación con apatridia conduce a diagnósticos equivocados y termina atribuyendo a República Dominicana obligaciones que corresponden también, y fundamentalmente, al Estado haitiano.
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