La retención frena el proceso del seguro y afecta la movilidad de los conductores
En la República Dominicana, cuando ocurre un accidente de tránsito con lesionados o fallecidos, las autoridades retienen los vehículos involucrados como parte de la investigación. Esto genera una situación que afecta a cientos de conductores asegurados, quienes ven detenido el proceso del seguro y acumulan días sin movilidad.
La retención del vehículo por parte de la Fiscalía es una actuación necesaria para determinar responsabilidades y preservar evidencias. Sin embargo, a partir de ese momento, el proceso del seguro prácticamente se detiene: ni la aseguradora puede evaluar, ni el taller inspeccionar, ni iniciar la autorización y reparación. Mientras tanto, los días pasan y el asegurado pierde tiempo valioso.
Muchos conductores cuentan con pólizas fuel que incluyen plan renta o vehículo sustituto por una cantidad limitada de días. Esos días suelen empezar a consumirse mientras el vehículo sigue retenido, incluso antes de que comience la reparación. A esto se suma que las piezas de muchos vehículos pueden tardar semanas en llegar, especialmente en unidades modernas o de categorías específicas.
Si se suman los días de retención, la espera por piezas y la reparación, el resultado puede ser un largo período sin vehículo para el asegurado. Esto no solo afecta la comodidad, sino también la productividad, el trabajo, la familia y la estabilidad económica. La pérdida no solo está en los daños del accidente, sino en los días acumulados de espera e incertidumbre.
Ante esta realidad, se plantea una propuesta constructiva: que las autoridades y el sector asegurador evalúen mecanismos para que, aun con el vehículo retenido por fines investigativos, las aseguradoras puedan iniciar ciertos procesos técnicos y administrativos. Entre las ideas están permitir inspecciones preliminares de los ajustadores, autorizar levantamientos fotográficos y evaluaciones técnicas, facilitar cotizaciones anticipadas de piezas y mano de obra, permitir que los talleres adelanten diagnósticos e incluso estudiar la liberación de procesos parciales mientras concluye la investigación judicial. Esta coordinación no afectaría necesariamente el proceso legal, pero reduciría el tiempo de respuesta hacia el ciudadano.
